El clamor de Asturias en las calles de Avilés, en la multitudinaria manifestación contra el cierre de Alcoa, se repitió ayer en la Junta General del Principado con la forma de un llamamiento político unánime por la continuidad de la actividad en la aluminera, pero también, o sobre todo, por el establecimiento de "un marco energético estable" que evite que el drama se repita.
A Marcelino Marcos (PSOE), las medidas propuestas en la reunión del jueves en el Ministerio de Industria, fundidas con la comunión social de la que da fe la manifestación, le hacen sentirse "optimista". Da por cierto que "en la sociedad asturiana hay conciencia de la importancia que tiene este asunto" y ve "satisfactorio" que "se anuncien decisiones para dar estabilidad a la industria electrointensiva".
Pedro de Rueda (PP) expuso la preocupación "más allá de Alcoa" y se dijo dispuesto a "no utilizar este asunto como ariete político contra nadie", pero entiende que las valoraciones del Gobierno, "no han sido satisfactorias, porque crean incertidumbre". A su juicio, "al Gobierno de España le toca ahora cambiar su política y diseñar un marco energético viable y estable", asegurar que la transición energética va a ser justa, y asumir que para serlo debe ralentizarse.
Lorena Gil (Podemos) destacó la "relevancia histórica" de la manifestación de Avilés, que espera sea "palanca para que el Gobierno mantenga toda la firmeza con Alcoa para alcanzar una solución" que pasa, a su juicio, por el diálogo con la empresa y por el establecimiento de medidas que den estabilidad a las compañías electrointensivas, pero asumiendo que "nuestra industria y nuestro Gobierno no puede ser chantajeado por multinacionales".
Gaspar Llamazares (IU) apuntó que "nos estamos jugando el futuro de toda la industria española" y añadió que el reto exige "en el corto plazo una mejora en la financiación de las empresas electrointensivas y en el largo implantar un sistema distinto de la subasta anual".
Armando Fernández (Ciudadanos) apeló a la responsabilidad de la empresa y a la intervención del Gobierno para resolver "un problema de seguridad jurídica que afecta a las empresas con la tarifa eléctrica".
Pedro Leal (Foro) afirmó que "yo me plantaría de inmediato en Pittsburg para reunirme con el presidente de Alcoa" además de extender la demanda al Gobierno de un cambio en la política energética de la industria electrointensiva que "debería estar sobre la mesa desde el minuto uno".
