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ÉDOUARD MARTIN | Exsindicalista de origen español que lideró la lucha por salvar los últimos hornos altos de Lorena, actual eurodiputado del Partido Socialista de Francia

"Pocas cosas hay más justificadas que la participación pública en la gran industria"

"Ojalá los gobiernos fuesen tan valerosos en la defensa del bienestar general como lo son las multinacionales cuando miran por sus beneficios"

Édouard Martin, durante su estancia esta semana en Avilés. MIKI LÓPEZ

"A fuerza de visitar esta región sólo cuando hay fábricas en peligro, los asturianos van a acabar viendo en mí a un 'chat noir' (gato negro)", bromea Édouard Martin (El Padul, Granada - 1963) haciendo alusión a la superstición popular que asocia a los felinos de color negro con el mal fario. Pero ese precisamente -el conflicto laboral- es el escenario en el que se mueve como pez en el agua este exlíder sindical de la siderurgia francesa, ahora reconvertido en eurodiputado del Partido Socialista de Francia (PSF).

Nacido en un pequeño pueblo granadino a los pies de Sierra Nevada, su familia emigró a Francia cuando Eduardo Martín -aún no se había afrancesado el nombre- tenía 7 años. Con 15 empezó a formarse en electromecánica y a los 18 entró en la industria del acero en Florange. La Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) le reclutó para sus filas al ver en aquel joven de ideas claras y verbo fluido un diamante sindical en bruto. En 2009, Édouard Martin se convirtió en la pesadilla de Lakshmi Mittal, el magnate del acero, a raíz del anuncio del cierre de los hornos altos de Florange, finalmente llevado a cabo.

El carisma que atesora, su dialéctica convincente y la sinceridad que transmite convirtieron a a este sindicalista francés de origen español, defensor de la industria del acero de Lorena, en un ídolo obrero y en un personaje mediático en Francia. Su salto a la política se produjo en 2014, cuando encabezó la lista al Europarlamento del PSF, donde ahora ocupa escaño. "Pero no habrá otra legislatura, detesto los cargos vitalicios", anuncia el empezar esta entrevista realizada en Avilés, a donde Martin acudió invitado por Podemos para conocer de primera mano la lucha que libra la plantilla de Alcoa por mantener abierta la fábrica de aluminio de San Balandrán.

- ¿Qué queda del sindicalista que fue, ahora que su ocupación es la política?

-Creo que mucho porque mi compañeros en el Europarlamento me recriminan que mi discurso es más propio de un sindicalista que de un político. Yo les respondo que de eso se trata, ¿no?, de que haya gente en los órganos decisorios de la Unión que sabe lo que cuesta llegar a final de mes, que ha trabajado a turnos, que conoce los problemas reales de la gente porque los ha padecido. El que nace sindicalista, como tal muere.

- ¿Se siente a gusto en su nuevo papel?

-Cuando salí elegido estaba ansioso por todo lo que representaba de novedosa la experiencia y por la responsabilidad adquirida en un terreno donde no tenía el control. El primer día que acudí al Europarlamento, al cruzar la puerta, otra política me dijo, guaseando, que dónde había dejado el mono (la funda de trabajo) me ratifiqué en lo necesario de mi presencia en aquella cámara. Eso somos los "curritos" para algunos políticos"profesionales": personas que no deberíamos salir de la fábrica.

- Visita Avilés es un momento crítico, con una fábrica en la que trabajan más de 400 personas amenazada de cierre inminente. ¿Qué sensaciones ha palpado?

-Los cierres de fábricas son una noticia nefasta, no solo porque se deja de producir un bien que presumiblemente habrá que importar con la dependencia exterior que ello implica, sino porque la industria genera en el territorio un espacio de vida y de oportunidades, también riqueza a través de los impuestos para mantener escuelas y hospitales... El cierre de una fábrica nos empobrece a todos, dispara los índices de divorcios, eleva las tasas de alcoholismo, desestructura a las sociedades y alimenta el crecimiento de los partidos fascistas. Y sé de que hablo: en Francia lo padecemos con el ascenso del Frente Nacional.

- ¿Qué le pareció la manifestación del pasado jueves, en la que participó?

-Quedé flipado. Hacía años que no estaba en una manifestación tan concurrida. Más meritorio aún es el hecho de que la fábrica de Alcoa tiene, ¿cuántos?, ¿400 trabajadores?, y en la calle hubo, al parecer, 50.000 personas. Esto demuestra que el pretendido cierre afecta a toda la provincia, a gentes de toda condición y ocupación, no estrictamente a la familia del aluminio. Lo que sentí durante la manifestación es que un sociedad ha estallado para decir ¡basta, este modelo industrial es inaceptable! Ese es el mensaje que se ha lanzado a los políticos: ¡oigan, cambien esto, póngale freno a la avaricia empresarial!

- Permítame hacer de abogado del diablo: Alcoa es una sociedad privada, libre de llevar sus inversiones a donde entiende que resultará más ventajoso para sus accionistas, que son sus propietarios.

-¿Y para qué está entonces el Estado? ¿Acaso no tiene la función de proteger el interés público, que en este caso es el empleo, el bienestar general de la ciudadanía? Concurre además la circunstancia de que Alcoa se benefició de ayudas millonarias en el tiempo y de los medios productivos del entorno; es inadmisible que llegado el momento diga "me voy". El Estado debe intervenir.

- Pasemos de la lírica a la prosa: ¿qué puede hacer el Gobierno en términos prácticos para evitar que Alcoa se vaya?

-No quisiera ser simplista, pero lo primero que tiene el Estado, en su condición de representante de la ciudadanía, es la legitimidad de decirle a Alcoa "o te quedas o te vas, pero si te vas lo harás facilitando la llegada de otro posible inversor que quiera continuar con la actividad de la fábrica". Porque, como muy bien se dijo en la manifestación, aquí la gente sabía hacer aluminio antes de que llegara Alcoa, sigue sabiendo hacerlo y sabría continuar en el futuro. Porque el aluminio -como el acero, el vidrio o cualquier otro producto- lo hacen los obreros, no las compañías. Y si la fábrica cierra, entonces sí que es verdad que perderíamos ese conocimiento, lo cual también es una forma de empobrecimiento de la sociedad.

- Dice que el Estado tiene la legitimidad para intervenir en un caso como Alcoa, pero ¿y los medios para hacerlo?

-Los políticos se presentan a las elecciones con mensajes agradables y asegurando que velarán por nuestro bienestar y resulta que cuando pasa una cosa como esta de Alcoa te dicen que no pueden hacer nada... ¿Cómo? ¿Me están diciendo que un Estado no puede doblegar a una empresa por muy multinacional que sea? Entonces, es que los políticos sobran porque son inútiles. Si no tienen herramientas, que legislen. A mí me gustaría que los políticos fuesen tan valerosos como las empresas cuando defienden sus intereses, que en el caso de las multinacionales son sus accionistas, a los que pagan en forma de dividendos previa obtención de beneficios, y en el caso de los Gobiernos somos los ciudadanos, a los que deben retribuirnos en términos de bienestar social. También se dijo en la manifestación del jueves: somos más y tenemos razón.

- Hoy le toca al aluminio, ¿y mañana?

-Pues será el acero, o el cinc, o el cobre... Y seremos una sociedad cada vez más empobrecida si no ponemos coto a este modelo tendente a maximiza el beneficio de las grandes empresas.

- ¿Es partidario de que los estados tengan participación accionarial en las grandes industrias?

-Absolutamente sí, y Europa no puede impedirlo. ¿Para qué existe entonces el sector público? Se me ocurren pocas cosas donde esté más justificada la presencia de lo público para evitar desmanes como el que quiere perpetrar Alcoa, y si es con una posición mayoritaria en el capital, mejor.

- Las corrientes liberales defienden todo lo contrario...

-¡Oh sí! Lo dicen los liberales, los mismos que cuando una empresa pierde dinero no tienen recato en picar a las puertas de los gobiernos para que las subsidien -como se hizo con Alcoa, que embolsó 10.000 millones en una década- pero cuando una industria cierra buscando más beneficio en otro territorio no dicen ni pío.

- ¿Cuál es su opinión sobre el proceso puesto en marcha por la Unión Europea para descarbonizar nuestra economía?

-Es una buena idea pero mal planteada. Tal y como se está llevando a cabo podría llevarnos a la mayor catástrofe de la historia reciente de Europa. Si no producimos aquí porque emitimos CO2 tendremos que comprar productos procedentes de países donde no hay respeto ambiental, lo cual no soluciona el problema del planeta y a nosotros nos empobrece como sociedad. Europa ha dado sumas ingentes a las empresas en derechos de emisión gratuitos; esas industrias deben ser corresponsables en términos de estabilidad de sus inversiones.

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