El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, calificó de "desafortunadas" las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobre una posible nacionalización de las fábricas en España de la multinacional Alcoa, que prevé cerrar las plantas de Avilés y A Coruña. La portavoz del Gobierno rechazó esta salida para la aluminiera porque aseguró: "No somos un régimen comunista"

Las palabra de la ministra están trayendo ya una importante polémica. Barbón, que hizo estas declaraciones tras reunirse con el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, disculpó a Valerio al indicar que "seguramente" no es lo que pretendía decir. La ministra de Trabajo se comprometió ayer en Santiago de Compostela a "estudiar en profundidad" el expediente de regulación de empleo extintivo presentado por Alcoa para su plantas de A Coruña y Avilés y rechazó que el Gobierno intervenga la empresa, al no estar España en "un régimen comunista".

El líder de los socialistas asturianos, declarado oficialmente el pasado fin de semana como candidato a la Presidencia del Principado, ha precisado que seguramente lo que quería decir la ministra es que la nacionalización no lo veía como una solución aplicable, ya que podría generar que todas las empresas que pudieran entrar en una situación similar pidieran la nacionalización y eso no lo permitiría la Unión Europea".

Barbón, que también la ha excusado por el lugar donde hizo las declaraciones, un en corrillo con periodistas en un pasillo, ha apuntado como posibles soluciones a la situación de Alcoa la presión sobre la multinacional o que se "fuerce la venta de las plantas para garantizar el empleo existente".

Por su parte, Zapico ha coincidido con Barbón en que no le gustaron las declaraciones de la ministra pero, en cambio, sí ve posible que se nacionalicen en España las plantas de la multinacional estadounidense del aluminio. "Creemos que no es el momento de descartar ningún escenario. La nacionalización es posible según el artículo 128 de la Constitución que establece que la riqueza del país tiene que estar supedita al interés general", ha subrayado el líder sindical.

Ha apuntado que garantizar que determinadas materias primas como el aluminio de calidad o la electricidad son parte de la soberanía de un país y el bienestar de la ciudadanía. "Evidentemente que cabe la nacionalización o el control público de determinadas empresas o sectores a través de las herramientas que da la legislación", ha recalcado.

En la Junta General del Principado, mientras tanto, los portavoces de Podemos e IU, Enrique López y Gaspar Llamazares, respectivamente, se han añadido a las críticas a Valerio. La situación de Alcoa, arrancó López, "requiere un posicionamiento claro" en el que él abogó sin dudas por la "intervención dle Estado". "Mo ha habido problemas para rescatar a los bancos o a las autopistas de peaje", argumentó, ", pero sí para rescatar a la gente e intervenir en un sector industrial potente que además da beneficios". Llamazares lamentó que la ministra de Trabajo "confunda un régimen comunista con la Constitución de 1978 y su artículo 128, que considera las posibilidades de intervención cuando se trate de la estrategia industrial o de un sector económico", como es el caso. A juicio del portavoz de IU, "lo peor de toda la reflexión de Magdalena Valerio es que renuncia a un instrumento cuando todavía la multinacional no ha renunciado a la totalidad, que es el cierre de las dos plantas". Hizo asimismo "un llamamiento al Gobierno para que más allá de estudiar el ERE planteen un posicionamiento claro en España y en Europa que permita la continuidad de la producción de aluminio en Asturias, en España y en Europa".