Gran parte de las producciones básicas de la industria asturiana tienen por delante un nuevo desafío que compromete su competitividad y supervivencia: el endurecimiento a partir de 2021 del comercio de derechos de CO2 , el mecanismo utilizado por la Unión Europea (UE) para favorecer la reducción de las emisiones causantes del cambio climático en los sectores más intensivos en ellas: la generación eléctrica con combustibles fósiles, la siderurgia, la fabricación de cemento...actividades con una altísima relevancia en el producto interior bruto (PIB) y en el empleo industrial de Asturias. El impacto que puede tener ese nuevo régimen más restrictivo ha reanimado en la UE el debate sobre la conveniencia de proteger a las industria europea con medidas fiscales (los llamados "ajustes en frontera") frente a competidores de países donde las reglas ambientales son más laxas. Grandes compañías como Arcelor están defendiendo esa política en Bruselas.
Las autoridades comunitarias aprobaron este año la directiva (2018/410) que regulará el comercio de emisiones a partir de 2021. Es un mercado donde las plantas industriales que emiten CO2 están obligadas a comprar derechos (bonos) para hacerlo, generando un sobrecoste que busca estimular la utilización de tecnologías limpias y reducir la contaminación. Funciona desde 2005, pero no cumplió su misión: el generoso reparto de derechos gratuitos -casi todos los sectores concernidos tuvieron asignaciones más que suficientes para no incurrir en costes, salvo las centrales térmicas de carbón y gas natural-, añadido a la menor producción durante la crisis, provocaron un gran excedente de derechos que dejó la cotización del CO2 muy por debajo de las expectativas.
Las reglas cambiarán desde 2021: los derechos que la UE ponga en circulación (mediante subastas) se reducirán cada año el 2,2% y se ampliarán las herramientas (reservas) creadas en estos últimos años para sujetar los precios por encima del nivel que las autoridades consideren óptimos. Se endurece también el procedimiento de asignación de los derechos gratuitos. Los sectores más expuestos al riesgo de "fuga de carbono" (amenazados de deslocalización por la competencia de productores foráneos liberados de la disciplina del mercado de CO2) seguirán recibiendo bonos sin coste. Dispondrán de ellos las plantas de Arcelor o las cementeras de la Corporación Masaveu, por citar las dos compañías no energéticas más afectadas en Asturias. Pero el acceso a esas entregas gratuitas se hará mediante un procedimiento más restrictivo que el anterior (utilizando como baremo los datos de emisiones de los centros productivos más eficientes en cada sector) y que despierta preocupación y recelo en las compañías asturianas.
La industria presionó en Bruselas, a través de las patronales europeas, para minimizar los riesgos que trae la nueva regulación. Pero quedaron cuestiones abiertas sobre las que sigue viva la discusión en la actualidad, ante la elaboración del reglamento que desarrollará la directiva y también ante los procesos de trasposición a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros de la UE. Arcelor y la patronal del acero Eurofer intentan persuadir a las autoridades comunitarias de que se exima del pago por los "gases de proceso" que se generan durante la fabricación en las plantas siderúrgicas y que la multinacional presidida por Lakshmi Mittal deriva a la térmica de Aboño para su uso como combustible en la generación de electricidad. En la fase de negociación de la directiva Arcelor no logró que se incluyera tal exención, muy relevante además para su proyecto de disponer en torno a 2020 de una central eléctrica propia que aprovecharía los mismos gases.
Lakshmi Mittal es uno de los magnates de la industria europea que se ha manifestado con mayor contundencia a favor de la creación de una especie de "arancel ambiental" para amortiguar el riesgo de cierres y deslocalizaciones por el impacto de la regulación europea relativa al CO2. Desde fines de 2017 ha vuelto a estar vivo en la UE el debate sobre la aplicación de un cargo ("ajuste fiscal en frontera") a los productos importados de países donde no existan normas análogas. "Puede ser un mecanismo útil de defensa, siempre que se haga dentro del marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y con delicadeza", reflexiona el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández.
Aunque caben variantes, el procedimiento de "ajuste fiscal en frontera" consiste básicamente en obligar a los productores ajenos a la UE (de acero, por ejemplo) a pagar un gravamen equivalente al sobrecoste que tiene un fabricante comunitario por estar sujeto al comercio de CO2, de forma que desaparece la desventaja competitiva del producto europeo. El sistema presenta problemas por su complejidad y costes administrativos y también por el riesgo de que se convierta o sea percibido como una medida meramente proteccionista y por ello limitadora del comercio internacional (de ahí la cautela del eurodiputado Fernández y su referencia a la OMC).
El establecimiento de un "arancel ambiental" no es por ello una cuestión políticamente pacífica en la UE. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido últimamente el defensor principal de ese mecanismo. Ante la reforma del comercio de emisiones, el líder galo abogó por combinar un aumento en el coste de emitir para la industria (para orientar las inversiones hacia las tecnologías limpias) con un "ajuste fiscal en frontera" que combata el riesgo al que se asoma la industria europea: perder instalaciones y miles de empleos industriales por el sobrecoste que conlleva la posición de vanguardia de Europa en la lucha contra el cambio climático mientras la producción se deslocaliza hacia otros países con regulaciones menos exigentes, sin que descienda el nivel global de emisiones de CO2 e incluso con la amenaza de que éstas aumenten por la laxitud de tales políticas ambientales. La posición de Macron ha chocado con la resistencia de Alemania (la economía más expuesta a las posibles guerras arancelarias) y la idea del "ajuste fiscal en frontera" sólo se contempla como posibilidad en la reciente directiva comunitaria. La siderurgia y otros sectores fabriles con presencia en Asturias siguen aspirando a que Europa materialice esa posibilidad.
