La próxima subasta de interrumpibilidad -el mecanismo que compensa a compañías como Alcoa, Asturiana de Zinc (Azsa) y Arcelor-Mittal, dispuestas a desenchufarse de la red en caso de necesidad para el sistema- se celebrará entre los días 10 y 14 de diciembre. De la escasa información que ha trascendido hasta el momento se desprende que se seguirá el mismo modelo que en las convocatorias de 2018. Su vigencia será de seis meses (cubrirá el periodo enero-junio de 2019) y se subastará la misma potencia (2.600 megavatios) en diferentes lotes.
La multinacional presentó en junio la solicitud para que sus tres complejos fabriles (Avilés, La Coruña y San Ciprián) puedan participar en la subasta. "Está presentada la validación para las tres fábricas, no ha cambiado nada", señaló ayer una portavoz de Alcoa. "Que estemos inscritos no quiere decir que la empresa vaya a pujar por nosotros. Estamos absolutamente en desacuerdo con la convocatoria y temo que vamos a salir muy perjudicados. Nos pueden utilizar de escuderos para sacar lo máximo para San Ciprián. Ya lo hicieron hasta ahora. Alcoa puede lastrar nuestro futuro frente a la posibilidad de un inversor", advirtió el presidente del comité de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO).
Las condiciones de la próxima subasta de interrumpibilidad no se conocerán hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), explicaron fuentes ministeriales. Mientras, el equipo de Teresa Ribera trabaja en un estatuto especial para las empresas electrointensivas, un documento que forma parte del Plan integrado de energía y clima que Madrid tiene que entregar a Bruselas antes del 15 de diciembre.
