Las térmicas cerrarán antes de siete años, prevé el "número dos" de la ministra Ribera

La generación de electricidad con carbón desaparecerá de España antes de 2025, según dio a entender ayer el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anticipando el escenario con el que trabaja el Gobierno para la planificación de la llamada transición energética. Si se materializa esa previsión de Domínguez Abascal, en un plazo máximo de siete años cerrarían en Asturias tanto las térmicas que no han realizado las inversiones ambientales que exige la legislación europea para funcionar más allá de 2020 (Lada y Soto de la Barca) como las dos donde sí se han realizado tales obras (Aboño y Soto de Ribera).

El calendario que comentó en Madrid el "número dos" del Ministerio de Transición Ecológica confirma que la apuesta del Gobierno es una descarbonización rápida de la economía, muy temida en Asturias y frontalmente rechazada por el Gobierno regional debido a sus impactos económicos y sociales: pérdida de centenares de empleos en las centrales, desplome de los tráficos del puerto de El Musel, riesgo de subida del precio de la luz (en particular para la gran industria) y fuerte recorte de actividad en el sector del transporte.

Las manifestaciones de Domínguez Abascal, realizadas durante unas jornadas sobre energía que organizaron la Comisión Europea y la escuela de negocios Esade, coincidieron ayer con la divulgación de un documento preliminar sobre la ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el departamento de la ministra Teresa Ribera. En ese texto no hay referencias explícitas al cierre de las térmicas, aunque se habla de un magno despliegue de energías renovables (al menos 3.000 megavatios de potencia nueva entre 2020 y 2030) y de suprimir cualquier incentivo o ventaja fiscal que pueda tener el uso del carbón y los demás combustibles fósiles.

La forma en que se concretará esa expansión de renovables (solar y eólica, principalmente) y las previsiones sobre la participación de las demás tecnologías en la cobertura de la demanda eléctrica se fijarán en otro documento, el "Plan Nacional Integrado de Energía y Clima" que el Gobierno remitirá a la UE antes de fin de año. Fuentes ministeriales matizaron que hasta que se cierre ese plan no es posible precisar oficialmente el horizonte de funcionamiento de las térmicas. De acuerdo con esa versión, las fechas indicadas por el secretario de Estado pudieron obedecer a una impresión personal.

Domínguez Abascal distinguió entre dos tipos de centrales de carbón. Por un lado, nueve de las catorce térmicas que ahora funcionan en España no funcionarían más allá de 2020. Se trata de instalaciones que hasta ahora no incorporaron equipos para reducir, en los niveles que exige la legislación europea, la emisión de óxidos nitrosos (NOx, gas causante de la "lluvia ácida"). En esa relación figura la central de Naturgy (antes Gas Natural-Fenosa) en Soto de la Barca (Tineo), que diecinueve meses del vencimiento del plazo (junio de 2020) no se ha planteado hacer las obras. Aunque Iberdrola sí realizó una intervención para aminorar la generación de NOx en Lada, el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán anunció hace un año que está decidido a cerrar la central.

Según las explicaciones del secretario de Estado, las cinco térmicas españolas donde sí se ha invertido para prolongar su vida útil más allá de 2020 deberán cerrar como mucho en 2025. Ello supondría, de consumarse, la clausura de las plantas de EDP en Aboño y Soto de Ribera, donde la compañía energética lusa ha realizado cuantiosas inversiones (más de 100 millones de euros). EDP planificó esa reforma con la expectativa de que las centrales funcionaran hasta 2030.

El documento sobre la transición energética que se conoció ayer incluye un capítulo titulado "Transición justa" en que se comprometen "medidas para potenciar la reactivación económica" de los sectores y de los territorios afectados por situaciones como cierres de térmicas. Se alude, entre otras, a "políticas activas de empleo dirigidas a la reconversión formativa y medidas de protección social". Se abordarán en colaboración con empresas, sindicatos e instituciones públicas, a través de un mecanismo llamado "contrato de transición justa".