"No podemos pretender una economía limpia a cambio de cargarnos la industria existente", advirtió ayer el portavoz y consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, tras conocer que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, había planteado el fin de las centrales térmicas de carbón antes de 2025 y que el borrador de Ley de Cambio Climático establece ritmos de tránsito hacia las renovables más acelerados de los fijados por la UE.
El Gobierno del Principado volvió a leer ayer "informaciones preocupantes" sobre el proceso de transición energética. La fecha de caducidad en 2025 para las térmicas de carbón ha hecho elevar un punto la intensidad de la reacción en el Ejecutivo autonómico. Guillermo Martínez utilizó el diccionario de sinónimos para "reclamar, pedir, defender, utilicen el verbo que ustedes quieran, una transición energética pautada, progresiva y acordada". Lo hace ahora, advirtió, "si cabe con mayor preocupación y urgencia que antes". Nadie duda, remarcó el Consejero, "que haya que reducir las emisiones de CO2 y avanzar en la descarbonización de la economía, lo que rechazamos es que España deba ir por delante o marcarse metas más exigentes que las marcadas en los acuerdos internacionales".
El responsable del Ejecutivo autonómico apuntó que todas esas peticiones han sido puestas de manifiesto en los distintos foros de relación entre las dos administraciones y volvió a poner el énfasis sobre la urgencia de calibrar "las repercusiones del cierre anticipado de las térmicas". "No sólo hay que considerar la reducción de emisiones", perseveró, "sino también el impacto industrial y el probable encarecimiento de la energía, con su incidencia también sobre la actividad industrial". Martínez emplazó a sus compañeros de partido del Gobierno estatal a no ejecutar "un plan de transición energética meramente voluntarista, que se olvide de los empleos o de las industrias, de la energía y del desarrollo económico. Todo eso, que afecta al empleo, y por tanto a la vida de las personas, debe ser puesto también en la balanza".
Por su parte el consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola, lamentó que se pueda poner en cuestión la continuidad de las centrales térmicas de carbón "que hayan acometido inversiones para ampliar la vida útil" como es el caso de las de Aboño y Soto de Ribera. Pola pidió al Gobierno "que mida los pasos" y anunció que el Principado presentará alegaciones a esta cuestión. "Incorporaremos nuestro punto de vista", señaló.
Las declaraciones del secretario de Estado de Energía, José Domínguez, sobre las térmicas coincidieron además con la presentación del borrador Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece el fin de cualquier subsidio o incentivo económico que favorezca el consumo de combustibles fósiles y establece ritmos de tránsito hacia las energías limpias más acelerados al plantear una penetración de renovables en el consumo de energía final en España de un 35% frente al 32% fijado en la UE.
Esos criterios no han variado el discurso de la Federación Socialista Asturiana. A diferencia del Gobierno regional, el tono de la FSA es el mismo que el de las últimas semana a la hora de demandar "una transición pactada, pautada y justa, tanto para las personas como para los territorios".
Los sindicatos
Por su parte el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, no quiso valorar las declaraciones de José Domínguez "porque tenemos cauces abiertos de diálogo con el Gobierno y esperamos que en esa mesa de trabajo nos presenten sus propuestas y podamos discutirlas". Alperi señaló que la transición energética va orientada a la desaparición de las energías fósiles pero añadió que en ese tránsito "debe mantenerse un mix energético diversificado y debe garantizarse en todo momento la seguridad y la calidad del suministro eléctrico a la industria y de forma asumible a los hogares".
Para Damián Manzano, secretario general de CC OO de Industria de Asturias, los planteamientos del Gobierno sobre la transición energética "son un ataque directo a la línea de flotación de Asturias como región industrial, un auténtico atentado". Según Manzano "la transición no puede ser a cualquier precio" y tildó de "aberración" fijar el fin de las térmicas en 2025. "Es un disparo en el pie para la industria asturiana, dependiente de esas centrales térmicas y muy sensible a cualquier incremento del precio de la electricidad", destacó Manzano, que no obstante apuntó que "desgraciadamente ya nos esperábamos estos planteamientos políticos del PSOE y de sus socios de Podemos". Según Manzano, el Gobierno "está poniendo la alfombra roja al cierre de la central térmica de Iberdrola en Lada, a la marcha de la región de las industrias de Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc o Alcoa o a empresas como EDP que después de gastarse 100 millones en sus térmicas se le ponen trabas a su continuidad".
Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez "sentido común". "Había una fecha inicial de cierre de térmicas que calificamos como descarbonización exprés, después hubo anuncios de ganadores y perdedores en el proceso de descarbonización, luego hubo una moderación de ese discurso, hablando de transición justa, y ahora parece que se está hablando de una descarbonización superexprés, ya no se cuál es el mensaje ni cuál va a ser el proceso, pero llegados a este punto pedimos sentido común", apuntó Feito, que añadió que "el proceso no puede ser un despropósito de anuncios y rectificaciones" y destacó que "la Cumbre de París no pone a nadie la pistola en el pecho con fechas, hay que ir a un transición justa y razonable".
