El Ministerio de Industria, el Gobierno del Principado, la Xunta de Galicia y los municipios de Avilés, La Coruña y Gozón acordaron ayer en Madrid solicitar a Alcoa la suspensión del ERE extintivo y crear una mesa de trabajo, en la que además de las administraciones participen los agentes sociales y Alcoa, para negociar el futuro de las plantas que la multinacional norteamericana pretende cerrar en Asturias y Galicia. En una reunión previa, celebrada el pasado día 23, los agentes sociales solicitaron la convocatoria de esta mesa a tres bandas, pero Alcoa se negó a suspender la tramitación del ERE y a integrarse en este grupo de trabajo, lo que llevó a los sindicatos a abandonar aquella reunión.

Esta vez, el Gobierno central, con el apoyo del resto de administraciones refrendado ayer, pretende "seducir" a la multinacional con varias medidas que le hagan replantearse aquella decisión, suspender el ERE y unirse a la mesa tripartita. Así, el Gobierno activará de aquí a final de año las medidas previstas para la industria electrointensiva, en concreto la subasta de interrumpibilidad y el pago del coste de compensación de emisiones de CO2. Paralelamente, las Administraciones se comprometen a trabajar en la elaboración de un marco estable en el ámbito energético para este tipo de industria, una demanda recurrente de Asturias y Galicia. Las tres partes confían en que este nuevo marco será suficiente para que Alcoa se preste a participar en ese nuevo foro ya que tales medidas, según la ministra Reyes Maroto, "permitirían que Alcoa se beneficiase y tuviera una mayor seguridad jurídica" para continuar con la actividad en ambas plantas. La plantilla de Avilés se había manifestado partidaria de prorrogar los resultados de la última subasta de interrumpibilidad (para no debilitar más la posición de las fábricas ante el anuncio cierre), en lugar de convocar la nueva, como planea el Gobierno.

La ministra calificó como de "máxima urgencia" que Alcoa responda positivamente a esta doble propuesta "para que conozca las alternativas y propuestas que le pueden hacer las administraciones". El Ministerio será el interlocutor que comunicará esta oferta a la dirección mundial de la aluminera, con sede en Pittsburgh. "Queremos que valoren la unidad de acción de todas las administraciones. Esperamos que mañana podamos sentarnos con la empresa para trabajar y buscar las soluciones y que se mantengan las dos plantas y el empleo, que es lo que nos preocupa", agregó Maroto.

A la reunión celebrada en la sede de Industria en Madrid asistieron representantes de las tres administraciones de tres formaciones políticas diferentes -PSOE, PP y En Marea, afín a Podemos-. Por el ministerio de Industria lo hicieron la ministra Reyes Maroto y el secretario general de Industria, Raúl Blanco; por el de Transición Ecológica, su titular, Teresa Ribera, y el secretario de Energía, José Domínguez Abascal; por el Gobierno del Principado de Asturias, su presidente, Javier Fernández, y el consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola; por la Xunta de Galicia lo harán su presidente, Alberto Núñez Feijoo, y el director general de Energía Ángel Bernardo Tahoces; completaron la mesa de asistentes los alcaldes de Avilés y La Coruña, Mariví Monteserín y Xulio Ferreiro.

Javier Fernández valoró positivamente la unidad de acción visualizada en la reunión y las medidas beneficiosas para todo el sector industrial electrointensivo en el que se encuentra Alcoa: "Hay que buscar un marco estable para los precios de la energía ya que la estabilidad estimula las inversiones".

Núñez Feijoo insistió en la urgencia por abrir la mesa tripartita y detener la aplicación del ERE "que no ha guardado las formas adecuadas. Alcoa debe replantearlo, sentarse a hablar y buscar alternativas". Respecto a las medidas con las que se quiere atraer a Alcoa a la mesa tripartita, Núñez destacó la importancia de abonar las cuantías de ayudas ligadas al CO2 que figuran en los Presupuestos Generales del Estado -que alcanzarían 78 millones de euros en 2017 y un cantidad similar para 2018- antes de fin de año, convocar la subasta de interrumpibilidad también antes del 1 de enero y trabajar en un marco energético estable para los grandes consumidoras. "Estamos juntos ante un ERE que no compartimos ni en el fondo ni en la forma; el Gobierno está cumpliendo y cuando los gobiernos cumplen, las empresas también tienen que cumplir con sus responsabilidades con los trabajadores. Espero que podamos cerrar de aquí a final de año un marco energético que después cerraremos en la Unión Europea porque nos interesa que las empresas electrointensivas se queden en España y le planteamos a Alcoa que se tiene que sentar, que no puede cerrar dos centros a través de un teletipo", concluyó el presidente de la Xunta.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, remarcó: "Tenemos que coordinarnos para ser más fuertes y trasladar a Alcoa esa fortaleza y que revierta la decisión que ha tomado injustamente". Monteserín insistió en la "necesidad de crear un marco estable a medio plazo para las industrias electrointensivas, muy importantes en Avilés".