El primer asalto judicial para dirimir el futuro de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña -las dos que Alcoa, la empresa propietaria, quiere cerrar- se disputa esta mañana en un tribunal de Rotterdam, la instancia a la que ha recurrido el comité europeo de Alcoa para tratar de frenar los pretendidos despidos de 700 trabajadores.

La multinacional estadounidense del aluminio acude a esta vista con una doble línea argumental, según explicaron a este diario medios judiciales holandeses: en primer término, negar la jurisdicción del tribunal de Rotterdam para entrar a juzgar un asunto que, según Alcoa, es de ámbito estrictamente español; y en todo caso, hacer ver que no hay materia que juzgar puesto que el cierre de las dos fábricas es de momento una presunción, no una certeza.

Sobre ese particular, el "carácter hipotético" de la clausura de las plantas de Avilés y La Coruña, la empresa razona del siguiente modo: Alcoa ha abierto un periodo de consultas (que finaliza el 30 de noviembre según sus cuentas), con lo que la discusión del fondo y las decisiones a tomar todavía forman parte de un proceso "abierto". Es decir, que podría considerarse que los cierres "son probables", pero que no están decididos y que también podría llegarse a "otra solución" en función del desarrollo de las conversaciones y las consultas. De hecho, Alcoa da a entender que los cierres son "el peor de los escenarios" posibles.

El comité de empresa europeo de Alcoa, del que forma parte el asturiano José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), opone a la estrategia de Alcoa su propio argumentario. Respecto a la competencia jurisdiccional de la Justicia holandesa para intervenir en un teórico "asunto laboral español", hace ver que Alcoa "funciona en red dentro de Europa" y que las fábricas de Avilés y La Coruña tienen vínculos logísticos y administrativos, por ejemplo, con centros de trabajo en Holanda y Hungría. En cuanto al argumento de la "ausencia de decisión tomada", los sindicatos subrayan la "falacia" del mismo y apelan al desarrollo de los hechos para cargarse de razón: Alcoa comunicó su intención de cerrar las fábricas por motivos tecnológicos, mercantiles y coyunturales, seguidamente abrió un periodo de consultas y cuando éste acabe tendría las manos libres para empezar a despedir trabajadores.

Como la principal objetivo de los representantes sindicales es detener la cuenta atrás que activaría el ERE, el comité europeo de Alcoa pedirá también hoy en la vista de Rotterdam la emisión de una orden cautelar de suspensión del expediente de regulación de empleo, al menos hasta que el tribunal neerlandés dicte sentencia. Y esto porque podría darse la paradoja de que comenzasen los despidos a primeros de diciembre y la Justicia holandesa fallase a favor de los trabajadores más tarde, cuando las fábricas ya estuviera paradas. Es decir, cuando no hubiera posibilidad de dar marcha atrás y el daño causado fuera irreversible.

La última baza judicial del comité europeo de Alcoa es denunciar la privación del derecho a la información de que fue víctima, pues Alcoa, según los sindicatos, inició el pretendido periodo de consultas en España sin respetar los plazos para que el comité europeo emitiese su veredicto al respecto.