La cuenta atrás para que los despidos de Alcoa se empiecen a hacer efectivos sigue activada. En la vista celebrada ayer en la Corte de Rotterdam (Holanda), el juez encargado de pronunciarse sobre la denuncia del comité europeo por la supuesta vulneración del derecho de información y consulta por parte de la multinacional no adoptó, tal como pedían los trabajadores, la paralización del ERE como medida cautelar. Durante tres horas el juez escuchó la versión de los abogados de Alcoa y de los representantes de los trabajadores para comunicar al cierre de la vista que puede emitir su veredicto hasta el 3 de diciembre. Pero el periodo de consultas abierto en España expira el 30 de noviembre. Es decir, puede ser que el fallo llegue tarde. La plantilla urge al Gobierno que tenga esto en cuenta para paralizar el proceso. Alcoa está citada hoy a una reunión en la Dirección General de Trabajo.
La multinacional defendió ante el juez que ha "seguido rigurosamente la normativa aplicable vigente", tanto en el caso del procedimiento español de consultas del despido colectivo, como en el del comité europeo (Euroforum) y espera "que el juez holandés lo tenga en cuenta". Al contrario, los sindicatos expusieron que se vulneró el derecho del comité europeo porque la medida se activó sin consulta previa. El primer paso de la empresa, incidieron, no fue el de la información y consulta, sino la activación en el Ministerio de Trabajo del mecanismo de cierre (mediante el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores).
Una de las abogadas de Alcoa argumentó que un juez holandés no puede pronunciarse sobre la aplicación del artículo 51, bajo jurisdicción española, y subrayó que el proceso abierto es solo "una fase consultiva" y que todas las opciones "siguen abiertas". Además realizó varias manifestaciones sobre los pasos que está dando el Gobierno español y llegó a calificarlos de "intromisión" e "intentos de intervención estatal".
Declararon ante el juez el presidente del comité de empresa de La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, que aportó documentación sobre la supuesta vulneración de los plazos informativos y sobre la carencia de alternativas que justifiquen que Alcoa diga ahora que "todas las opciones están abiertas". También tomó la palabra el director de Recursos Humanos de Alcoa Europa. El juez le preguntó qué ocurrirá cuando en 11 días expire el plazo consultivo en España. Respondió que la intención de la compañía es alargar ese plazo, que comenzará a contar desde cero (30 días) en el momento en que se forme la mesa de negociación del ERE.
Alcoa viene defendiendo que está dispuesta a ampliar el periodo de negociación de los despedidos, pero siempre y cuando se lo pidan los representantes de sus trabajadores una vez constituida esa comisión negociadora. Empresa y sindicatos tienen una nueva reunión el jueves en Madrid.
También intervino en la vista el avilesino Luis Ángel Colunga, vicesecretario general de IndustriAll, la cúpula sindical europea de la industria. Incidió en que se está jugando "la participación de los órganos consultivos de los trabajadores" y que Alcoa no está dejando margen al comité europeo para ejercer su labor consultiva. Ya fuera de la corte de Rotterdam, Colunga criticó que "Alcoa no está siendo clara, cambia de opinión dependiendo del contexto". "Creemos que el fallo del juez será la apertura del periodo de consulta. Hasta entonces no se puede cerrar ningún proceso en España", dijo.
El comité avilesino de Alcoa regresaba a casa con una "sensación positiva". "Espero un fallo que paralice el proceso abierto en España y que el Gobierno lidere las alternativas posibles", apuntó su presidente, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO). Daniel Cuartas, de UGT, añadió: "El Gobierno español tiene que actuar ya". El eurodiputado socialista Jonás Fernández, que asistió a la vista en Rotterdam, apuntó: "Creo que el tribunal nos dará la razón".
La delegación asturiana trasladó ayer la situación a la jefa de gabinete de la comisaria de Empleo, Ruth Patterson, y al asturiano Diego Canga, jefe de gabinete de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo.
