Tranquilo y serio, el asturiano Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, cambió durante unas horas su celda de la prisión madrileña de Soto del Real en la que ingresó hace exactamente un mes (el 25 de octubre), en la que cumple cuatro años y medio de condena por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, por el banquillo de los acusados del juzgado de San Fernando de Henares para enfrentarse a otra petición de cárcel por los años que estuvo el frente de esa entidad financiera. Su abogado, Ignacio Ayala, trató de defenderse de las acusaciones de estafa a los inversores apuntando que el asturiano había adquirido 66.000 acciones del banco durante la salida a bolsa en 2011. Gastó unos 250.000 euros.
La misma estrategia defensiva utilizó el letrado del exvicepresidente de la entidad, Luis Olivas, quien, señaló, que había mantenido la inversión que hizo de 150.000 euros "mucho tiempo después" de que la entidad saliera a bolsa. Estos argumentos entienden que desmontarían el delito de estafa del que les acusa la Fiscalía Anticorrupción.
La principal pretensión de las defensas ha sido la aplicación de la "doctrina Botín", en función de la cual las acusaciones populares quedarían expulsadas del procedimiento de acreditarse que no hay ningún perjudicado sin recuperar su dinero en el procedimiento.
El juicio continuará hoy, por lo que a Rato aún le quedan unos cuantos viajes entre los 52 kilómetros que separan la cárcel de Soto del Real del juzgado de San Fernando de Henares.
