El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó ayer la determinación de su equipo de desplegar una estrategia de recorte raudo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para combatir el cambio climático, ampliando incluso los compromisos internacionales asumidos por el país. Al intervenir en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia), Sánchez anunció por un lado que fijará objetivos "más ambiciosos" para reducir las emisiones y, por otro, que España será "pionera" en la elaboración de programas para compensar a los territorios afectados por la llamada descarbanización de la economía. Asturias está entre ellos.

Pedro Sánchez confirmó la apuesta por una descarbonización acelerada -muy temida en Asturias por su impacto en la industria y en el conjunto de la actividad económica- al anticipar que la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética, ahora en anteproyecto, incorporará los siguientes objetivos: que las emisiones de CO2 sean en 2030 un 37% inferiores a las actuales y que en 2050 se rebajen al menos el 90%. "Mi gobierno apuesta con determinación por la eficiencia, las energías renovables y la movilidad eléctrica", resaltó el Presidente, acompañado en Polonia por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, autora intelectural de la política española de descarbonización.

El objetivo del 37% supone meter una velocidad más en ese proceso. El anteproyecto de ley de Cambio Climático formula así la meta de emisiones: "Reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto de 1990". Considerando el nivel de emisiones de 1990 (287,8 millones de toneladas equivalentes de CO2) y el de 2017 (338,8), el nuevo objetivo del que habló Pedro Sánchez (37%) supone que en 2030 haya un 26% menos de generación de CO2 que al comienzo de la década de los años 90. Son seis puntos por encima del nivel mínimo fijado en el borrador legal y suponen elevar la presión sobre los sectores concernidos (industria y transporte, principalmente).

Sánchez dijo ser consciente del impacto que esas medidas tendrán en diversos territorios, sectores y colectivos, y aseguró que su Gobierno va a ser pionero en el diseño de una Estrategia Nacional de Transición Justa que tenga en cuenta el impacto en zonas específicas como las comarcas mineras.