Los familiares más directos dejarán de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones en Cantabria a partir del 1 de enero del próximo año con independencia del valor del patrimonio que reciban, según el acuerdo presupuestario firmado ayer por el Partido Regionalista que lidera Miguel Ángel Revilla, el PSOE y Ciudadanos. Es un nuevo episodio de la pugna fiscal entre comunidades autónomas que acentúa la desventaja que ya tienen los contribuyentes asturianos que heredan patrimonios cualificados: quien reciba bienes por 800.000 euros pagará más de 100.000 a este lado del límite entre Asturias y Cantabria y nada si reside unos metros más allá.
Cantabria es una de las regiones que ha participado más activamente durante la última década en la espiral de rebajas y reformas que las autonomías han protagonizado en relación al impuesto que grava a los herederos. Con el PP en el Gobierno, el Parlamento cántabro aprobó en 2012 una bonificación casi completa (99%) de la cuota tributaria de Sucesiones a favor de cónyuges, descendientes (hijos y nietos) y ascendientes (padres). La región igualaba de ese modo las condiciones del tributo de Madrid, comunidad que años antes había encendido la competición por rebajar la presión fiscal sobre las herencias. La práctica exención del impuesto quedó suspendida desde 2017, cuando el Ejecutivo del regionalista Revilla, coaligado con el PSOE, incluyó en los presupuestos un cambio que dejaba la bonificación en el 90% para las bases imponibles superiores a 200.000 euros. El 99% se mantuvo únicamente para los legados inferiores a 60.000 euros.
En esas condiciones, una parte de los contribuyentes cántabros tenían ventaja respecto a los asturianos y otros no. Desde junio de 2017, en Asturias están liberadas de tributar las bases imponibles inferiores a 300.000 euros (la gran mayoría), que sí pagaban en Cantabria, aunque fueran cantidades modestas. Por contra, las herencias elevadas están sujetas en el Principado a una presión tributaria significativamente mayor. Según un ejemplo tomado del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf), un hijo que reciba un patrimonio de 800.000 euros paga ahora 14.795 euros en Cantabria y 103.135 en Asturias. Desde el 1 de enero, ese heredero seguirá pagando lo mismo aquí, pero le saldrá gratis la factura fiscal si, durante los cinco años anteriores al fallecimiento, su progenitor tuvo la residencia habitual, por ejemplo, en la cántabra Unquera, a medio kilómetro de Bustio, la localidad asturiana más cercana.
Esa proximidad de un territorio donde la fiscalidad sobre los patrimonios elevados resulta muy baja es frecuentemente señalada como un problema severo para Asturias por los partidos de la derecha, las organizaciones empresariales y otros colectivos que combaten el impuesto de Sucesiones. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha amplificado últimamente sus denuncias sobre la "fuga de capitales" hacia otras regiones y en particular hacia Madrid. Si bien no existen pruebas estadísticas inequívocas que corroboren la existencia de un proceso masivo de deslocalización de patrimonios cualificados, algunos estudios académicos referidos al período 2006-2012 estiman que Asturias estuvo entonces entre las comunidades autónomas de régimen común que perdieron mayor número de contribuyentes con rentas elevadas en relación a la población y al PIB. La FADE está demandando una magna rebaja fiscal que incluya el fin del impuesto de patrimonio, exenciones en Sucesiones y niveles de IRPF para las rentas elevadas iguales a los de Madrid.
Al contrario que en Cantabria, en Asturias los socialistas han rechazado ir más allá de las rebajas de Sucesiones que se aprobaron en 2017 en el contexto de un pacto presupuestario con el PP.
