El real decreto de medidas urgentes de apoyo a la industria aprobado por el Gobierno el pasado viernes incorpora dos compromisos dirigidos a abarartar la factura eléctrica de la industria: por un lado, la elaboración en el plazo de seis meses del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que favorecerá a las principales compañías fabriles de Asturias, y la regulación de las llamadas "redes de distribución cerradas", una fórmula técnicamente más difícil de encajar en la industrial regional y que tiene su origen en una petición catalana.

Las políticas anunciadas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, para aligerar los costes energéticos y contrarrestar el riesgo de deslocalizaciones y cierres como el de Alcoa en Asturias y Galicia suscitó ayer reacciones mixtas en la región. El Principado valoró como positiva la iniciativa del estatuto para los grandes consumidores industriales (Arcelor, Azsa, Alcoa, plantas químicas, cementeras...) y expresó cierta cautela sobre el concepto de redes de distribución cerradas.

"Elaborar un estatuto para las industria elecrointensiva es algo absolutamente necesario. Se entiende que ahí se incluirán todas las medidas que tengan que ver con estas industrias; es decir, las compensaciones por el CO2 (ayudas que ya existen), la disminución del coste de los peajes (los costes regulados de la factura que fija la Administración), y puede que incluso continúe un sistema de subasta (semejante al servicio vigente de interrumpibilidad)", comentó el presidente del Principado, Javier Fernández. Y añadió: "Se supone que habrá una serie de acciones complementarias, todas ellas dirigidas a tener unos precios eléctricos competitivos y estables para la industria electrointensiva. En todo caso, eso se verá en el reglamento que desarrollará el real decreto, que debería ver la luz lo más rápidamente posible". Los plazos están condicionados por la obligación de pasar el filtro de la UE y de las normas comunitarias que prohíben las "ayudas de estado".

Sobre la autorización y regulación de las redes de distribución cerradas, Fernández reconoció que la inconcreción del real decreto genera por ahora "intertidumbre". Y se limitó a señalar: "Pediremos que se nos aclare cuál es la intención concreta del Gobierno para valorarlo adecuadamente".

¿Qué son las redes de distribución cerradas y de dónde viene la iniciativa para regularlas en España? Se trata de una fórmula prevista en las directivas de la UE y que se ha utilizado en varios países (sobre todo en Holanda) para abaratar la factura energética en espacios reducidos donde hay una alta concentración de empresas con consumos altos. Se trata de sistemas de distribución para suministrar electricidad a esos grupos de empresas (nunca a los hogares), que disponen de un gestor propio para la red y comparten gastos, entre ellos los de las infraestructuras comunes que mantienen conectado esa especie de mallado particular con el resto de la red eléctrica. Esta modalidad de distribución permite ahorros en los costes regulados de la factura (peajes) que la industria química de Tarragona ha llegado a cifrar en el 20%. Ahí, en el gran polo químico tarraconense, nació la demanda de que en España se autoricen las citadas redes, petición que fue llevada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al Congreso, donde presentó una proposición no de ley que fue aprobada y desarrollada ahora por el Gobierno.

La alta concentración fabril ligada a la industria petroquímica en torno al puerto de Tarragona hace de éste un espacio idóneo para rentabilizar las ventajas de un sistema cerrado de distribución, algo que también ocurre en Huelva. Algunas fuentes indicaron que, en principio, la posibilidad de que Asturias se beneficie de esa forma de abaratar la luz es mucho más remota, porque las grandes fábricas consumidoras, aunque situadas dentro del área central, están mucho más dispersas. El actual Gobierno y el anterior del PP ya impulsaron, a petición del PNV, un cambio en la regulación de los peajes eléctricos que permitió una rebaja del recibo para la industria vasca que por razones técnicas (el voltaje de las redes de media tensión) apenas alcanzó a regiones como Asturias.

Como el Principado, la patronal asturiana del metal, Femetal, aplazó su valoración sobre la iniciativa concreta de las redes de distribución cerradas hasta conocer sus detalles. Su presidente, Guillermo Ulacia, si mostró la decepción del sector por la ausencia de medidas inmediatas para bajar la tarifa de la industria. "Lo único que ha hecho el Gobierno es darse un mandato de seis meses para elaborar el estatuto de las electrointensivas, cuando llevamos dos años trabajando con el Ministerio para desarrollarlo; lo lógico es que se hubieran puesto en marcha ya medidas concretas, porque sobre algunas hay un suficiente grado de consenso; es positivo que haya un compromiso, pero todo se retrasa de nuevo; todo se sigue retrasando innecesariamente", sentenció.