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Desdén político por la plusvalía

El impuesto municipal sigue sin reformar veinte meses después de ser declarado inconstitucional

Desdén político por la plusvalía

No es una leyenda urbana. En 2014 hubo protestas en Suecia en contra de que bajaran los impuestos porque una parte no menor de los suecos tenía la convicción de que reducir los ingresos tributarios torpedeaba la calidad de los servicios y de las infraestucturas públicas. Así que en Suecia los partidos son muy prudentes con lo de prometer rebajas fiscales, al contrario que en España, donde casi todo quisque que esté en política termina rifándolas, pregonando aquello de que "donde está mejor el dinero es el bolsillo de la gente", máxima populista de la derecha, o que "bajar impuestos también es de izquierdas" (Zapatero "dixit"). Y los ciudadanos nos dejamos seducir, a la vez que nos inflamamos si aumenta la lista de espera de la sanidad o si no hay subvenciones para volar barato (ejemplo este último sugerido por un compañero periodista de este diario).

Tenemos un problema de cultura tributaria, en parte asociado a que no percibimos con claridad la conexión entre el dinero de los impuestos y el coste de los servicios públicos (o no queremos percibirla) y vemos mucho más nítida en cambio la que también existe entre ese mismo dinero y los negocios de los políticos corruptos y otros depredadores del sistema.

Hay además comportamientos de las élites dirigentes distintos a la corrupción que también abonan la desafección tributaria por cuanto suponen de desdén hacia los intereses de los contribuyentes. Ahí va un ejemplo: hace veinte meses que el Tribunal Constitucional determinó que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, es contrario a la norma fundamental del Estado en los supuestos, tan frecuentes en esta última década, en los que no existe incremento real de valor (casos de la venta de un piso con pérdidas o de su transmisión en herencia con un valor inferior al de cuando fue adquirido por el fallecido); después de todo este tiempo, la reforma de la ley de Haciendas Locales que también reclamó la alta magistratura permanece varada en la tramitación parlamentaria del Congreso, mientras los ayuntamientos siguen cobrando el tributo aplicando una norma inconstitucional y a menudo respondiendo a los contribuyentes que recurren por la vía administrativa con el silencio, sabiendo las autoridades locales que muchos de ellos no irán más allá (a los tribunales) porque litigar le sale caro al ciudadano y la Administración dispara con pólvora del Rey.

La plusvalía por heredar una colomina (vivienda obrera) puede costar en Asturias más de 600 euros, el salario mensual de muchos trabajadores del precariado. Lleva razón el catedrático asturiano de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello cuando a menudo comenta que en esta región y en tantas otras se ha armado una muy gorda por el impuesto de sucesiones -defendible con más fundamento a partir de un cierto nivel de patrimonio y con un número limitado de afectados (los que heredan más de 300.000 euros en Asturias)-, cuando hay más razones de justicia tributaria para atacar lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con la plusvalía, un impuesto parcialmente inconstitucicional por sentencia, técnicamente absurdo (la revalorización del suelo se calcula a partir del valor actual, no del de adquisición) y que grava a todo el mundo, incluidos los hogares más modestos, indefensos ante el desdén del legislador.

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