El sistema público de pensiones no está en riesgo de una quiebra abrupta y cercana, pero sí abocado a nuevas reformas para blindar su sostenibilidad financiera a largo plazo, cambios que deberían enfocarse de manera que las cargas no recaigan más sobre unas generaciones que sobre otras, sin arruinar el contrato social que está detrás de uno de los pilares centrales del Estado del bienestar español. Ésas y otras consideraciones se pusieron de manifiesto durante una nueva entrega de "Diálogos en Fruela con LA NUEVA ESPAÑA", organizada por el Banco Sabadell-Herrero en colaboración con el periódico.

El encuentro, celebrado en la sede histórica de la entidad financiera, versó sobre la situación del modelo español de pensiones y del ahorro a largo plazo y contó con la participación de Clara Armengol, directora de ahorro y pensiones de Sabadell Vida y Sabadell Pensiones; José Antonio Herce, economista y director asociado de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español de la Universidad de Oviedo. Intervinieron también, en la labor de moderación e introducción de los temas, la directora de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, y el director general de Sabadell-Herrero y subdirector general de Grupo Sabadell, Pablo Junceda. El coloquio comenzó con una pregunta de este último, conectada a la conveniencia, sugerida por todos los participantes, de reforzar las pensiones públicas con el ahorro privado y con los planes de previsión de empresa: "¿Nos vamos a preocupar cuando llegue la jubilación si no empezamos antes a ocuparnos de prepararla?".

Generosidad y tasa de reemplazo. "El sistema adolece de problemas coyunturales, pero lo fundamental es abordar reformas a medio y a largo plazo, pensando en un horizonte de treinta años; tenemos tiempo para hacer reformas graduales y hemos de procurar que las cargas no caigan sólo sobre unas generaciones", reflexionó Santiago Álvarez. Es un comentario a propósito de uno de los equilibrios que está en juego si, como todo indica, España aborda nuevos cambios en las pensiones, sean por el lado de los gastos o de los ingresos: blindar o reforzar la generosidad del sistema para las generaciones de jubilados con más recursos públicos (cotizaciones, impuestos o deuda) puede hipotecar a las siguientes, para las que resultará además muy difícil disponer en el futuro del nivel de prestaciones actual, ante factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y las tendencias del mercado laboral.

José Antonio Herce, autor de numerosos trabajos académicos sobre las pensiones, apuntó hacia la llamada "tasa de sustitución o reemplazo", un indicador que mide la relación que existe entre la prestación que cobra la persona que llega a la jubilación y su último salario en activo. Permite medir la suficiencia de las pensiones (la capacidad del hogar de mantener un nivel de vida cercano al que tenía trabajando). "Nuestra tasa de sustitución es del 80% del último salario; no hay ningún país en el mundo que tenga esa tasa y que a la vez actualice las pensiones según el IPC; las actualiza así Suecia, pero allí la tasa es del 40%", expuso. Y sentenció: "Si no se toman medidas, esto puede saltar por los aires".

E dad y ahorro. ¿Qué medidas? Herce apuesta por tocar de nuevo la edad de jubilación. Considera insuficiente el aumento progresivo (hasta los 67 años en 2027) que introdujo la reforma de 2011, según la cual el retiro a los 65 se reserva para los trabajadores con carreras laborales más largas. "La edad de jubilación debería aumentar según lo haga la esperanza de vida; es la forma de garantizar la suficiencia de las pensiones", opinó.

Trabajar más años y también ahorrar. "Nuestras tasas de reemplazo (el 80% antes referido) son muy generosas; mucha gente piensa que cuando se jubile sus ingresos van a ser muy próximos a los del salario, pero será muy difícil que eso se mantengan en el tiempo; tendremos que ahorrar más para mantener el nivel de consumo después de la jubilación", pronosticó el profesor Santiago García.

"El ahorro es una asignatura pendiente; no existe conciencia de la necesidad de tenerlo para la jubilación", comentó por su parte Clara Armengol. Y dio pistas de hacia dónde se está moviendo comercialmente la industria financiera en materia de ahorro a largo plazo. "Fomentamos el acompañamiento a las personas, haciéndoles ver lo que se puede conseguir con pequeñas aportaciones: si alguien de 25 años ahorra el equivalente diario al precio de dos cafés, dispondrá en la jubilación de un fondo de 50.000 euros que puede llegar a los 70.000 con el tratamiento fiscal adecuado".

¿Por qué la industria de los fondos de pensiones no ha despegado en España? La limitada capacidad de ahorro de los ciudadanos puede ser una respuesta parcial, aunque Santiago García apunta en otras direcciones. "Falta conciencia de ahorro a largo plazo y en general sobre el funcionamiento del sistema; no solemos reparar, por ejemplo, en que las cotizaciones de una persona cubren por término medio sólo diez años de la pensión". José Antonio Herce aporta una visión que suena rotunda: "El sistema de los fondos de pensiones no ha funcionado; el ahorro en ellos representa apenas el 10% del producto interior bruto (PIB) y está teniendo más pagos por prestaciones que ingresos por aportaciones, un comportamiento propio de algo que está a punto de fenecer; tenemos que empezar de nuevo, quizá con un sistema basado en aportaciones más pequeñas; hay que hacer una catarsis".

La "carta naranja". Clara Armengol hace memoria de un compromiso que se incluyó en la reforma de 2011 y que no se ha cumplido: la obligación de la Seguridad Social de enviar anualmente a los trabajadores en activo, a partir de los 50 años, una carta con una estimación de la prestación que cobrará cuando llegue a la jubilación. Es la "carta naranja", así conocida por el color de la misiva que Suecia lleva años remitiendo a sus ciudadanos. "Esa información es básica, el sistema necesita transparencia", opinó Armengol. Las encuestas constatan que la mayoría de los activos no conocen cómo será su pensión hasta que el momento de la jubilación está muy cercano. El sector bancario y asegurador solicita periódicamente que se desbloquee la "carta naranja", en la convicción de que el conocimiento temprano de la cuantía de la pensión futura estimulará la demanda de productos de ahorro. Los costes políticos asociados al envío de la comunicación, que harían más explícito para los trabajadores el impacto individual de las reformas, explican que ningún gobierno cumpliera el mandato legal de 2011.

P lanes de empresa. Santiago Álvarez pone sobre la mesa lo que en el sistema español de previsión para la jubilación se ha denominado el "segundo pilar": los planes de pensiones de empleo o empresa (el primer pilar es la Seguridad Social, y el tercero, el ahorro individual). "Es muy conveniente incentivarlos", subrayó. Esta modalidad, muy desarrollada en otros países europeos (Reino Unido, Suecia, Holanda, Dinamarca...), consiste en que compañías y trabajadores hacen aportaciones a un fondo que complementa la pensión futura del asalariado. El reducido tamaño de las empresas españolas, micropymes y pymes en más de un 95%, no debe ser visto como un obstáculo insalvable, según José Antonio Herce, que incide en la experiencia británica: "Reino Unido ha aplicado con éxito un sistema de adscripción por defecto, de forma que cuando empiezas a trabajar la ley obliga a estar en un esquema de este tipo de aportaciones y a los seis meses puedes irte; sólo se van nueve de cada cien y han conseguido diez millones de afiliados nuevos", explicó el economista. Y apostilló: "Debemos copiar de los países que hacen las cosas bien".

Los jóvenes. Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA, enfocó entonces el debate hacia las nuevas generaciones, hacia la opinión que pueden tener los jóvenes, concernidos por el futuro de las pensiones desde una doble perspectiva: su papel como financiadores de un sistema que es de reparto (las generaciones que trabajan financian las pensiones de las que están jubiladas y así sucesivamente) y por su condición de beneficiarios a muy largo plazo. Rebrota el problema de la sostenibilidad en la respuesta de Santiago García: "Las nuevas generaciones se están incorporando al mercado laboral con menores salarios y por ello con cotizaciones más bajas, y además tendrán más dificultades para desarrollar carreras laborales completas, sin lagunas; en cierta medida, están encadenados: son quienes van a tener que hacer un esfuerzo mayor y están en peor condición para hacerlo".

"Se está abriendo una brecha generacional gravísima", remarcó José Antonio Herce. "Una parte de los jóvenes está adormecida por el paro y otra trabajando catorce horas al día". Y enfatizó en referencia al debate sobre la forma de actualizar las pensiones de los jubilados actuales, muy vivo durante el último año: "Pretender que las pensiones suban siempre con el IPC supondría multiplicar la deuda que deberán pagar las nuevas generaciones".

¿Cómo conciliar de manera justa los intereses de unas y otras generaciones? La visión de Herce es ésta: "Las personas que están jubiladas o cerca de estarlo pueden pensar que la sociedad va a encontrar una solución para ellos; a cambio, tendrán que soportar una parte de la carga; las generaciones en activo tienen la responsabilidad de encontrar esa solución a medio y largo plazo".

Santiago García completa el pronóstico: "No va a haber una quiebra del sistema de pensiones a corto plazo, ni tampoco habrá soluciones a la griega (recortes drásticos en las prestaciones de los jubilados); no veremos un ajuste salvaje, pero hemos de tener en cuenta que el sistema no es sostenible a cuarenta años vista; se necesitan nuevas reformas".