El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado dos sentencias favorables a los ayuntamientos de la región frente a los intentos de empresas del sector energético de anular las nuevas tasas que gravan el uso del territorio municipal para el paso de redes de suministro de electricidad y gas. La magistratura regional ha amparado esos gravámenes al fallar a favor de las corporaciones de Morcín y de Grandas de Salime frente a sendas demandas de Red Eléctrica de España (REE) y de la patronal Unesa, respectivamente.
Estas sentencias están entre las primeras que se conocen en Asturias tras la ofensiva judicial iniciada por las empresas contra un tipo de tributo que han incorporado a sus ordenanzas fiscales municipios como Lena, Corvera, Cabrales o los citados de Morcín y Grandas de Salime. El despliegue de recursos por la vía del contencioso administrativo había impedido hasta ahora que los ayuntamientos recaudaran de manera efectiva la polémica tasa.
Una sentencia anterior del Tribunal Supremo (2017) abrió paso a que los municipios españoles comenzaran a aplicar el gravamen, previsto en la ley de Haciendas locales de 2004 pero bloqueado durante trece años por la dificultad técnica y jurídica para fijar la base imponible. La ley facultó a los municipios a cobrar a las empresas por el uso del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público para el paso de redes eléctricas y otras análogas mediante dos modalidades de tasas: una que afecta a las compañías y redes que suministran mayoritariamente a las localidades y que equivale al 1,5% de los ingresos obtenidos por la empresa en el consejo, y una segunda para el resto de empresas y redes que atraviesan el territorio del municipio. La primera se recauda en algunos concejos, pero la segunda no se pudo aplicar en ninguno por la dificultad técnica para determinar el valor de mercado de las torres, cables y otros elementos que están gravados. Tres ayuntamientos de Cáceres, La Coruña y Zamora dieron con una fórmula que el Supremo consideró adecuada y es la que han ido copiando varios ayuntamientos asturianos y que ha suscitado nuevos pleitos.
La patronal eléctrica Unesa y REE litigaron contra las tasas asturianas, alegando su "desproporción" e incluso su presunto carácter inconstitucional y su colisión con la legislación de la UE. En dos sentencias fechadas el 29 de octubre pasado, el TSJA rechaza tales argumentos, avalando la legalidad de las tasas aprobadas por Morcín y Grandas de Salime. Están pendientes de resolución otras demandas semejantes.
