El único cabo al que se podían agarrar las centrales térmicas de carbón para sobrevivir se ha roto. Las instituciones europeas han acordado retirar en 2025 los pagos por capacidad a las centrales que emiten más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Sobre ese límite están todas las térmicas de carbón asturianas y sin esos pagos por estar disponibles cuando el sistema eléctrico lo requiere quedarán inhabilitadas para ejercer un papel de respaldo a las intermitentes energías renovables. El seguro de supervivencia ligado a las energías verdes quedará reservado para los ciclos combinados de gas, que emiten menos CO2.
Tras varias rondas de diálogo, el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea acordaron las nuevas reglas para mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico de la UE que completan el paquete de "Energía limpia para todos los europeos", también conocido como "paquete de invierno", y que tiene como principal objetivo combatir el cambio climático.
Entre las medidas de ese paquete se incluye un nuevo límite a la obtención, por parte de las centrales eléctricas, de subsidios. La UE acordó que las subvenciones a la capacidad de generación de centrales que emitan 550 gramos de CO2 o más por cada kilovatio hora producido "se eliminarán gradualmente". En concreto las centrales de nueva construcción que comiencen a funcionar tras la entrada en vigor de la nueva normativa ya no podrán beneficiarse de los mecanismos de capacidad si superan ese límite de emisiones y las centrales eléctricas existentes que estén en esa misma situación sólo podrán recibir las ayudas hasta el 1 de julio de 2025.
Dentro de ese segundo grupo están todas las centrales térmicas de carbón de Asturias. La nueva normativa europea les da la puntilla porque en el contexto de transición energética y de descarbonización de la economía su supervivencia dependía en buena parte de su papel como respaldo al desarrollo de las renovables. De momento la energía eólica, solar y en buena medida la hidráulica (salvo en las centrales de bombeo) dependen de unos recursos (rayos del sol, viento y abundante agua) que no siempre están disponibles y esa intermitencia se cubre con tecnologías de respaldo de respuesta rápida como pueden ser las centrales térmicas de carbón o los de ciclos combinados de gas. Los pagos por capacidad compensan a esas centrales por estar disponibles para el momento en el que el sistema eléctrico las necesite para cubrir la demanda y sin esas ayudas su viabilidad económica se ve mermada. Además, hay que tener en cuenta que la UE también acordó este año medidas para encarecer los derechos de emisión de CO2 con la reforma de su mercado. El conjunto de las medidas relega a las centrales de carbón frente a las de gas, que en los últimos años habían registrado bajos niveles de producción en España. La supervivencia de las centrales de carbón de Aboño y Soto de Ribera a partir de 2025 se complica a pesar de las inversiones medioambientales millonarias que ejecutó EDP. Iberdrola ya ha solicitado el cierre de la central de Lada y el Gobierno da por hecho que Naturgy no invertirá en mejoras ambientales en la central de Narcea y que por tanto cerrará en 2020.
Además, el Gobierno de España no parece interesado en avanzar en el desarrollo de sistemas de captura de CO2 en centrales térmicas de carbón. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, anunció en Ponferrada (León) la reactivación de la Ciudad de la Energía (Ciuden), pero dejando de lado la investigación sobre captura de CO2.
