El decreto del Gobierno que incluye las rebajas en el precio de la energía para las grandes industrias electrointensivas, que son vitales para la competitividad de las plantas asturianas de Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc o Alcoa, fue convalidado ayer en el Congreso. El PSOE sólo obtuvo el apoyo de los partidos nacionalistas, satisfechos con que se incluya la figura de la red de distribución cerrada, un sistema de ahorro demandado desde hace años por el polo petroquímico de Tarragona y con nula aplicación en Asturias.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, volvió a evitar dar detalles sobre las medidas que se incluirán en el estatuto de consumidores electrointensivos para rebajar el precio de la factura de la industria y se limitó a señalar que tendrán especial incidencia "en Asturias, Galicia y País Vasco" y que el reglamento se desarrollará "antes de seis meses". En lo que sí abundó fue en las "obligaciones" de las empresas beneficiadas por la rebaja. "Deberán asumir compromisos en eficiencia energética y sustitución de fuentes energéticas contaminantes para las que se articularán exenciones o compensaciones", afirmó Maroto. Eso significa que las industrias asturianas que se quieran beneficiar de las rebajas tendrán que invertir en mejoras ambientales.
En Asturias todos los partidos defienden las ayudas a las empresas electrointensivas para evitar casos como el posible cierre de Alcoa. Sin embargo, ayer en el Congreso PP, Unidos Podemos y Ciudadanos se abstuvieron en la votación y Foro votó en contra. Todos criticaron que el apoyo a las industrias electrointensivas se haya incluido en un decreto "ómnibus" -en el que se incluyen también las jubilaciones parciales y los contratos relevo para la industria manufacturera, la extensión de la vida útil de las centrales de cogeneración o medidas en materia de comercio minorista vinculadas a la venta en pérdidas- y que no se tramite como proyecto ley para ser debatido porque consideran que falta diálogo y que el Gobierno actúa como si tuviera mayoría absoluta.
El portavoz del PP, Guillermo Mariscal, lamentó que el Ejecutivo del PSOE presente medidas para reducir el precio de la electricidad a la industria "sin calcular sus costes y sin aclarar cómo va a repercutir en la factura que pagan los ciudadanos". Además tachó a los socialistas de "sectarios" porque a su juicio sólo acudieron a hablar con el principal grupo de la Cámara cuando su "socio preferencial" le dio la espalda, en referencia a Unidos Podemos.
La portavoz de ese último partido, Yolanda Díaz, afirmó que la norma "no sirve" para frenar los cierres en Alcoa y que "va a permitir que a partir del 15 de enero sus trabajadores" en Avilés y La Coruña "se vayan a la calle". Afirmó que si es tan urgente el estatuto del consumidor electrointensivo como para tramitarlo por decreto "no entendemos por qué después se da un plazo de seis meses para desarrollarlo, no es serio". Además Díaz criticó que el nuevo modelo de jubilación parcial vinculada a contratos relevo se limite a la industria manufacturera -lo que permitirá que en Asturias lo continúen utilizando compañías como Arcelor-Mittal- y no se aplique en otros sectores como "el de las kellys o la construcción".
Su homóloga en Ciudadanos, Melisa Rodríguez, calificó de "trampantojo" la iniciativa del Gobierno "porque parece un decreto ley pero no profundiza en nada e intentan imponerlo sin debatirlo". Respecto al contenido dijo que "es muy mejorable" y que si refleja la "ambición máxima" del Ejecutivo en política industrial "poco más se puede decir". Según Rodríguez "es una respuesta a la desesperada ante el temor a cierres como el de Alcoa, pero la industria española se merece más respeto".
El diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca afirmó que Asturias está "en la antesala de la desertización industrial" y destacó que la última subasta eléctrica de interrumpibilidad -en la que la gran industria recibe pagos por desconectarse de la red en caso de necesidad- "ha dejado en evidencia al Gobierno" al caer las ayudas. Asimismo apuntó que las inversiones de la gran industria "no pueden estar al albur de un Ministerio que los mismo acaba con el carbón, que con las térmicas que con el diesel a golpe de ocurrencia".
"No perjudica" a Alcoa
En su turno de réplica, la ministra Maroto defendió que "muchas medidas" incluidas en el real decreto "son fruto del diálogo" con los grupos pues "dan respuesta a lo que en este Parlamento se ha pedido" y se remitió a la declaración institucional aprobada tanto por el Congreso como en el Senado sobre el apoyo a la industria electrointensiva en lo relativo al cierre de las plantas de Alcoa. En ese sentido, y en respuesta a la portavoz de Unidos Podemos, señaló que a esta multinacional del aluminio el decreto "no le perjudica" y "da garantías para mantener las unidades productivas y el empleo".
La convalidación del decreto se aprobó con 111 votos a favor, 4 en contra y 228 abstenciones. El PSOE sólo consiguió el voto afirmativo de los nacionalistas catalanes de ERC y PDeCAT y de los vascos del PNV. Los catalanes agradecieron que se incluyera en el decreto la figura de las redes de distribución cerrada para que el polo petroquímico de Tarragona ahorre "hasta un 30%" en la factura eléctrica.
