09 de enero de 2019
09.01.2019
La comisión de investigación sobre las ayudas públicas

El entorno de UGT se sacaba el carné de conducir con fondos de formación, dice una exdirectiva

La trabajadora afirma en la Junta que la red de empresas creada por el sindicato pretendía "obtener un beneficio de la gestión de las subvenciones"

09.01.2019 | 01:22
La exdirectora del Ifes Ana Gomis, a la derecha, durante su comparecencia ante la comisión de investigación.

En la etapa en la que Ana Gomis dirigió la delegación asturiana del IFES, el instituto creado por el sindicato UGT como instrumento para impartir cursos de formación para el empleo, había algunos programas didácticos "golosísimos" para la triquiñuela. Se ofrecían por ejemplo cursos gratis de carné de conducir, muy "golosos" porque el alumno no pagaba las clases, sólo las cuotas de examen, y "mucha gente se sacó el permiso así". "Mucha gente" del entorno próximo de UGT. En la primera jornada de comparecencias ante la comisión de investigación que indaga en la Junta el control y la gestión de los fondos públicos para formación, Gomis precisó ayer que entre esa "mucha gente" había "trabajadores y colaboradores de la organización y familiares, vecinos o amigos de personas con mando en plaza" en el sindicato. El caso es un ejemplo en la larga serie de presuntas irregularidades que la primera directora territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias, que lo fue hasta 1999 antes de ejercer como técnica jefe en el mismo organismo hasta 2013, desmenuzó ayer ante la comisión.

Gomis, una de las comparecientes que abrió ayer la primera jornada de testimonios, relató cómo en esos cursos en concreto a veces se repartían las plazas "antes de salir información pública", de suerte que cuando salían ya no había vacantes, y habló de "movimientos para asignar esa formación a unas autoescuelas u otras". El de los permisos de conducir (las organizaciones sindicales suelen impartir cursos de carnés profesionales) es un pequeño ejemplo, un eslabón en la larga cadena de presuntas anomalías que ella dijo haber puesto en conocimiento de la justicia y que se sintetizan en el tendido, dijo, de "una red de empresas en la órbita de UGT donde la finalidad no era proveer un servicio a los trabajadores, sino obtener un beneficio a partir de la gestión de los fondos públicos para formación" que recibía el sindicato.

Dijo desconocer el destino del lucro, que sería el fruto de un entramado de sociedades instrumentales -citó nombres ya conocidos, como Localmur, Formación 2020, Infastur, Edicom?- que intervenían en el proceso mediante el alquiler de locales o el suministro de material didáctico y que habrían permitido esquivar los controles tanto de las entidades subvencionadoras -las administraciones- como de los órganos internos del propio sindicato.

En uno de los ejemplos con los que la exdirectora del IFES ilustró sus afirmaciones, "UGT cedía un local" a una de estas empresas instrumentales creadas y participadas por el sindicato o por instituto y ésta a su vez se lo alquilaba a la organización, o lo arrendaba a un particular y luego lo realquilaba al sindicato, obteniendo en todo caso un beneficio procedente de las subvenciones para la formación de los trabajadores. Algo similar habría sucedido con la compra de material didáctico que esas empresas adquirían de las editoriales, relató, con sustanciosos descuentos, pero que luego facturaban al precio de mercado. La facturación en sí cumplía los requisitos legales, pero a su juicio esta supuesta obtención de beneficios a partir de la gestión de ayudas públicas debería merecer ser enjuiciado como una supuesta malversación de fondos públicos, no sólo como la variante del delito fiscal que ve la Fiscalía.

Eso dejó dicho Gomis una vez que también hubo denunciado que el dinero de las subvenciones terminó sufragando "gastos de vigilancia de locales, de consumibles de luz, teléfono o calefacción de edificios de UGT. ¿Qué se hacía con esos dineros? No lo sé. ¿Qué supongo? Que a lo mejor iban a actividades no excesivamente propias de la unión regional: equipamientos de los que disfrutaban personas que estaban al frente de la dirección del sindicato, pero en todo caso sin control". Calificó de "muy pobres" los mecanismos de supervisión de la administración y concluyó que el "el gran error" del sindicato fue "confundirse a sí mismo como propietario de esa formación, cuando debería haber sido un mero intermediario".

Las respuestas de Ana Gomis fueron lo más llamativo de una primera sesión de comparecencias en la que las siglas de la UGT volvieron a la sala después de que Guiomar Álvarez, responsable de formación en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), defendiese la labor de la patronal en este ámbito y en general un sistema en el que "la inmensa mayoría de los fondos de formación en Asturias han sido gestionados de forma correcta". Circunscribió las irregularidades a "un 1,5 por ciento de los fondos ejecutados en los últimos diez años en España" y puso de manifiesto el "estricto sistema de calidad y supervisión" en los cursos impartidos bajo el patrocinio de la organización empresarial.

La primera jornada de la comisión, en la que no comparecieron tres exdirectivos de UGT, terminó entonces descendiendo al detalle del caso concreto. Carlos Suárez Peinado, abogado y expresidente del comité de empresa del sindicato, sin vínculos en su trabajo con la gestión o el control de los fondos de formación, desgranó los conflictos que acabaron con su puesto en la organización. Habló de la demanda por vulneración de sus derechos fundamentales y amenazas que ganó contra el exsecretario general Justo Rodríguez Braga -"llegó a decirme que se limpiaba el culo con el dinero de los trabajadores", aseguró- o de las "presiones" que sufrió durante y después del contencioso que se desató por su oposición a transigir con un intento de Expediente de Regulación de Empleo en UGT, a su juicio poco fundamentado en la documentación falta de "rigor" que sobre su mala situación económica aportaba el sindicato. Afirmó además, a preguntas de los diputados, que "una vez que se rasca un poco es sumamente llamativo el montón de empresas" que forma el entramado de UGT.

María Engracia Cortina, trabajadora con cuarenta años de antigüedad en el sindicato, citada como una de las empleadas cuyas nóminas habrían sido supuestamente cargadas a los fondos de formación, dijo desconocer, como es lógico, "de dónde salía el dinero" que cobraba, y José María Estrada Janáriz, exfuncionario del Principado, se refirió al "trato de favor" que a su juicio recibió UGT de la Administración regional cuando permitió, en contra de los informes técnicos y en tiempos de Francisco González-Buendía como consejero de Infraestructuras, la construcción de un edificio en La Felguera a cargo de una cooperativa de UGT, que terminó vendiendo uno de sus bajos, también en contra de las prescripciones, a una de sus sociedades instrumentales de formación, Infastur. Esta operación también habría sido supuestamente el destino del desvío de ayudas para cursos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

IBEX- 35