10 de enero de 2019
10.01.2019

Personal de UGT reconoce que sacó el carné de conducir con los fondos

Antiguos trabajadores del sindicato y de sus empresas coinciden en que empleados sin relación con la formación cobraban de ella

10.01.2019 | 01:11
Justo Rodríguez Braga, durante la comparecencia, acompañado de su abogado, Francisco Alonso.

En la sesión de ayer de la comisión de investigación sobre los fondos de formación volvió a salir el tema de los cursos gratuitos para obtener el carné de conducir del que se beneficiaban en exclusiva trabajadores de UGT y de su entorno, según había declarado en la primera sesión la ex dirigente de la fundación IFES en Asturias Ana Gomis. Ayer, tanto la trabajadora de UGT Noelia Fernández como la extrabajadora del sindicato Paula Gutiérrez admitieron que ellas se habían beneficiado de esos cursos porque se los habían ofrecido. "Todo el mundo en esos cursos eran trabajadores de UGT o familiares", señaló Paula Gutiérrez.

Luisa Pérez, directora del Sevicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa), admitió que era "un curso que daba formación para sacar el carné de conducir igual que los hay para obtener el de carretillero y estaba en el catálogo del Servicio Público de Empleo".

Varios extrabajadores de UGT y de sus empresas vinculadas -casi todos apartados de sus cargos y que ya declararon ante la UCO de la Guardia Civil sobre el presunto fraude de subvenciones de UGT- comparecieron en la comisión de investigación de la Junta y coincidieron en señalar que personal de estructura del sindicato que no realizaba tareas de formación recibían parte del dinero de su nómina con cargo a los cursos. "Puedo afirmar que en algunos casos las cantidades eran importantes", dijo José Luis Hidalgo, que fue secretario de formación de la ejecutiva de UGT de Asturias entre 1979 y 1990, que trabajó para la fundación IFES y que fue gerente de Infastur, una sociedad vinculada a UGT integrada en el entramado de la formación que, según el propio Hidalgo, "se creó como instrumento para facturar" porque "la codicia cada vez era más desmesurada".

La abogada Olga Blanco, ex trabajadora de los servicios jurídicos de UGT, señaló que ella había rechazado "un complemento retributivo con cargo a subvenciones" y que había impartido cursos de experto sociolaboral en los que se declaraban "gastos de 16 ordenadores y de una sala de tutoría que no existían". "UGT utilizó presuntamente el dinero público de formación para montar un estructura endogámica que creció y se multiplicó", señaló Pablo Álvarez, ex responsable de Juventud de MCA-UGT.

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