Garantizar la viabilidad financiera de las pensiones, sin mutilar su cuantía actual y futura, pasa por ahondar en la reforma aprobada en 2011, retrasando más la edad efectiva de jubilación y acercando el periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral. Lo propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un informe que, asimismo, apuesta, para corregir el déficit a corto plazo, por revisar el modelo actual de cotizaciones sin subirlas y por derivar gastos de la Seguridad Social a la Administración general del Estado.

La edad. El diagnóstico de la Autoridad Fiscal parte de reconocer que, tras la experiencia de estos últimos años, contener el gasto en pensiones por la vía de cuasi congelarlas -revalorizaciones del 0,25% entre 2014 y 2017, que condujeron a un estallido de protestas- "se ha revelado como una estrategia (...) no sostenible políticamente". Como alternativa, se plantea en primer lugar retrasar un año más la edad efectiva de jubilación. La reforma de 2011 elevó la edad legal del retiro de manera gradual, con el propósito de situarla en 2027 en los 67 años, aunque se mantiene en los 65 para las carreras laborales más largas. Con esa medida y con su reflejo en las condiciones de las jubilaciones anticipadas, está previsto que la edad media efectiva de jubilación, ahora de 62 años y ocho meses, aumente hasta los 64 años y medio en 2027. La Airef propone activar nuevas reformas para que esa edad efectiva siga subiendo después de esa fecha hasta llegar a los 65 años y medio en 2048. Ello podría hacerse, sugiere el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, endureciendo el acceso a las formas anticipadas de retiro y sin necesidad de un aumento general de la edad de jubilación. Una medida así aportaría un ahorro equivalente a hasta 1,2 puntos del producto interior bruto (PIB) en el horizonte de 2048.

El cómputo. La reforma de 2011, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, también elevó de manera gradual los años de la vida laboral que se tienen en cuenta para conformar la base reguladora, sobre la que se calcula la pensión de los nuevos jubilados. Ese periodo está ahora en 22 años y se estabilizará en los 25 a partir de 2022. La Autoridad Fiscal defiende que se eleve hasta los 35 años, lo que de hecho supondría en bastantes casos considerar íntegramente la vida laboral del trabajador. Un decisión así, estima la Airef, reduciría de forma moderada la llamada tasa de cobertura (la proporción que supone la pensión de los nuevos jubilados respecto al último salario en activo) y permitiría reducir el gasto en pensiones en medio punto del PIB a la altura de 2048.

El déficit. La Autoridad Fiscal plantea cerrar a corto plazo el déficit actual de las pensiones (unos 17.500 millones al año) con medidas que, a la postre, suponen que la Administración general del Estado se haga cargo de gastos que ahora corren por cuenta de la Seguridad Social. En primer lugar, se propone aumentar los ingresos por cotizaciones, pero sin elevar la factura para empresas y trabajadores. Se trataría de subir el tipo correspondiente a la cotización por contingencias comunes (28,3%) en 3,5 puntos que se restarían del gravamen correspondiente a la cotización por desempleo. Con ello, el Servicio Público de Empleo pasaría a tener un déficit de 9.000 millones que debería asumir el Estado, al igual que otros 7.000 millones correspondientes a gastos de funcionamiento de la Seguridad Social y a subvenciones e incentivos a la contratación.