El expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces criticó ayer durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Junta General sobre los cursos de formación que se utilice esta "para influir en un procedimiento judicial" que está abierto, en clara alusión al proceso abierto contra UGT por presuntos fraudes en la gestión de los fondos de formación.
Areces, que centró buena parte de sus intervenciones ante la comisión en destacar los logros de la concertación social durante su presidencia entre 1999 y 2011, destacó en varias ocasiones que durante ese periodo "ningún organismo de control, cuyo trabajo era exhaustivo, detectó irregularidades" en la justificación de los cursos de formación. Por ello, ante las preguntas del diputado de Podemos Daniel Ripa, que ponían en cuestión esos controles por las presuntas irregularidades cometidas por UGT, Areces señaló que no iba a permitir "que se hagan juicios paralelos, porque es inadmisible en un Estado de derecho".
El rifirrafe entre el expresidente y el diputado de Podemos comenzó cuando Ripa citó hasta siete procedimientos judiciales abiertos vinculados a la época del Gobierno de Areces ("Marea", Gitpa, El Musel...). El expresidente lo calificó de "insidia" y destacó que en relación a ese periodo nunca ha sido imputado y que todas las denuncias fueron archivadas.
La tensión fue en aumento cuando Ripa enumeró "irregularidades" en la gestión de los cursos de UGT apuntadas por varios comparecientes en la comisión (uso de empresas instrumentales para añadir sobrecostes y desviación de fondos para financiar la estructura del sindicato, fundamentalmente) y le preguntó a Areces si hubo un trato de favor "a un sindicato en particular" y si no era cierto que en 2010 había recibido la "medalla de oro" de UGT. "Usted está convirtiendo esto en una causa general, como ocurría en la dictadura, al no fijar un periodo sobre el que se investiga y tratar de someter a juicio a instituciones sin las debidas garantías", señaló Areces, que pidió a la mesa de la comisión que se respetasen sus derechos y además puso en cuestión la seriedad de la comisión y criticó que se quiera "oscurecer" la imagen de los sindicatos, uno de "los puntales" de la democracia.
En respuestas a otros diputados, Areces dejó claro que "pocas áreas tenían tantos ojos encima examinándola como la formación" y destacó los controles de la Intervención General del Principado, las visitas sin previo aviso a los cursos de los funcionarios del Sepepa (en algunos casos hasta en tres), la evaluación de las facturas de justificación de gastos "una a una", las auditorias del Fondo Social Europeo o los informes de la Sindicatura de Cuentas, que Areces se empeñó en leer para enfado de la diputada del PP María Gloria García, que no lo consideraba necesario.
Anteriormente, en una comparecencia previa en la misma sesión de ayer, el exconsejero de Industria socialista Graciano Torre ya había resaltado los "controles intensos y abundantes" que tenía los cursos de formación subvencionados por el Principado y había destacado que la propia Sindicatura de Cuentas había dicho en uno de sus informes que "podrían ser excesivos". El exconsejero afirmó que las facturas justificativas de los cursos "se verificaban una a una" y añadió que "pondría la mano en el fuego por los funcionarios" que realizaban esa labor porque su trabajo era "encomiable e irreprochable".
Ante las preguntas de diputados de Foro, Podemos y Ciudadanos en las que se deslizaba una posible "connivencia" entre el PSOE y UGT que podría beneficiar al sindicato en la obtención de fondos de formación y en la falta de controles para garantizar su correcto uso, Torre señaló en varias ocasiones con rotundidad: "nunca dimos trato de favor a ninguna organización". Además acusó a los diputados "de traer de antemano la sentencia".
Por su parte el consejero de Economía y Empleo con Foro, José Manuel Rivero, señaló que no tenía responsabilidad alguna en los cursos de formación porque en los diez meses que duró el Gobierno del que formó parte no se llegó a tomar ninguna medida en la materia. No obstante, opinó que había "una sobrerrepresentación sindical" en el consejo rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, que establece los programas de formación.
El exlíder de CC OO
En la sesión de ayer de la comisión también compareció Antonio Pino, ex secretario general de CC OO de Asturias, que lamentó que "se satanice" la formación. "Por intereses ideológicos y políticos se intenta sacar de la formación a los sindicatos", señaló Pino, que aseguró que con la concurrencia competitiva en las convocatorias de los cursos de formación aplicada desde 2015 con el Gobierno del PP "se expulsaron a los sindicatos y desde entonces se ha rebajado la calidad de los contenidos y de las condiciones de los trabajadores del sector". Pino aseguró que esa política obligó a desmantelar Forem Asturias, la entidad creada por el sindicato para gestionar la formación "porque se necesitaba crear una estructura de corte profesional". No obstante, Pino destacó que CC OO "nunca" creó empresas instrumentales alrededor de Forem.
Durante la mañana también compareció Javier Alonso Méndez, director del Área de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción de Asturias, que señaló que los funcionarios que se dedicaban al control de los cursos "hacían su labor de forma diligente, en ocasiones más de lo que nos gustaría".
