Pedro Sánchez anunció ayer las primeras medidas para mitigar la cascada de cierres de térmicas de carbón anunciadas en las últimas semanas. El Gobierno activará un "plan urgente" que incluirá "formación" y "bolsas de empleo" en los territorios afectados. En Asturias ya han anunciado su desmantelamiento las centrales de Lada (Iberdrola) y Soto de la Barca (Naturgy). Además los cierres de Compostilla, Anllares, La Robla y Velilla en Castilla y León también tendrán efectos en Asturias porque esas térmicas reciben carbón desde el puerto gijonés de El Musel y el movimiento del mineral sostiene cientos de empleos en el Principado.

En la lucha contra el cambio climático Pedro Sánchez lo tiene claro. Ayer lo reiteró. Apuesta por abordar "con ambición" una "transición urgente" hacia las renovables. Quiere a España "en primera línea", lo que para Asturias puede significar quedarse a la cola si se cumplen los temores del Gobierno regional a una decarbonización acelerada que acabe de un plumazo con las térmicas de carbón y dispare los costes energéticos. Sánchez es consciente de esos miedos y trata de espantarlos apelando a la "transición justa", una especie de mantra que hasta ahora carecía de contenido.

El presidente del Gobierno clausuró ayer en la Universidad Complutense de Madrid el evento "Transición Ecológica". Sacó pecho de la "ambición climática" de su Gobierno pero añadió que la transición "no debe dejar desprotegido a nadie" y ahí incluyó las medidas para mitigar los cierres de centrales de carbón. "Hemos aprobado, gracias al empeño de la Ministra para la Transición Ecológica (Teresa Ribera) y a su sensibilidad, ayudas para las comarcas mineras y estamos preparando un plan de acción urgente de transición justa que incluye la formación de los trabajadores y la creación de nuevas bolsas de empleo para las comarcas afectadas", señaló Sánchez.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica apuntaron ayer que esa estrategia de transición justa será presentada próximamente. No obstante, lo más inmediato será el envió a la Comisión Europea del Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030, donde se fijarán los compromisos que asumirá España para que la UE cumpla sus metas de descarbonización. "El Plan, que este Gobierno ha elaborado desde cero porque no se había hecho nada, ya está redactado y sólo está pendiente de unos acoples burocráticos. En días se llevará a Consejo de Ministros a título informativo y se enviará a la Comisión Europea", señalaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Ese Plan Integrado de Energía y Clima irá incluido como documento técnico en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno quiere sacar adelante cuanto antes.

Uno de los artículos de la Ley hará mención a la estrategia de transición justa y dentro de ella tendrán principal protagonismo los llamados contratos de transición, en los que administraciones, instituciones, agentes sociales y empresas fijarán compromisos para la reactivación económica y la empleabilidad en los territorios afectados por cierres de centrales. En el Ministerio quieren que las compañías eléctricas se involucren con inversiones en la reactivación de esos territorios, pero reconocen que lo único que pueden exigirles es que se ocupen de los trabajadores afectados directamente por el cierre, que la clausura sea ordenada y en condiciones de seguridad, y que se restablezcan las condiciones anteriores a la implantación industrial. El Ministerio apelará a la responsabilidad social corporativa de esas compañías porque considera que dentro de ella se encuentra el compromiso con el territorio.