El agujero actual del sistema de pensiones tiene un tamaño tal que para taparlo por la vía de los ingresos se precisaría de aportaciones equivalentes a las siguientes: un aumento del 23% en la recaudación del IRPF, un incremento extra de 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social (considerando el nivel actual de salarios) o elevar en 4,8 puntos el tipo medio de las cotizaciones de empresas y trabajadores. Esa comparación aparece en un informe firmado por el economista Miguel Ángel García Díaz y publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). García Díaz, que fue responsable del gabinete económico del sindicato CC OO y luego director general de Ordenación de la Seguridad Social con el PP, hace afirmaciones como la siguiente: "La sociedad española no es consciente de la magnitud de las cifras del sistema público de pensiones".

"El actual déficit es de tal volumen que exige un gran esfuerzo de todos para su resolución. No se va a solucionar solamente subiéndole los impuestos a los ricos. Como ejemplo, el patrimonio de Amancio Ortega, una de las personas más ricas del planeta, permitiría pagar las pensiones españolas sólo medio año...", señala el economista, ahora colaborador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. García Díaz titula su trabajo "El sistema público español de pensiones: Mitos y realidades" y parte de considerar que en la opinión pública española "dominan juicios de valor simplistas y percepciones injustificadas sobre el desempeño de nuestro sistema de pensiones, que tiende a presentarse como cicatero e insuficiente".

El autor sostiene en ese punto que las prestaciones públicas de España son de las más generosas de Europa. Lo argumenta subrayando que la tasa de reposición (proporción que supone la pensión de un jubilado respecto a su último salario) supera el 78% y es la más alta de la UE. "De igual forma que las pensiones no son malas en términos comparados, tampoco es cierta la afirmación, tan repetida en la calle, medios de comunicación y redes sociales, que considera muy pobre la pensión recibida después de todo lo aportado por el trabajador durante su vida laboral activa", remarca también, y aporta este cálculo: considerando la esperanza media de vida (21,2 años después de los 65) y un historial de cotización que dé derecho a percibir el 100% de la base reguladora, las cuotas sociales abonadas durante el período activo permiten cubrir el pago de 16 años de pensión, cino menos que la referida esperanza de vida.

Miguel Ángel García Díaz, que participó por CC OO en una comisión de expertos sobre las pensiones designada por el Gobierno de Mariano Rajoy de cara a reformar el sistema en 2013, defiende los cambios que el PP introdujo entonces en el modelo y que ahora están desactivados o suspendidos: el método de revalorización vinculado a la salud financiera de la Seguridad Social y el llamado factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor (su aplicación estaba prevista en 2019) y que suponía ajustar las pensiones de los nuevos jubilados según las variaciones de la esperanza de vida. "No defiende más y mejor el sistema público quien promete más prestaciones ahora sino quien garantiza su pago durante más tiempo sin trasladar cargas excesivas a las generaciones futuras", afirma el profesor de Economía Aplicada.

Sus conclusiones se alinean con las de una corriente de economistas que consideran inviable mantener en el futuro la actual de generosidad del sistema (la antedicha tasa de reposición del 78%) sin elevar el gasto en pensiones (del 11% actual del PIB a entre el 15% y el 16%) hasta niveles que, según este autor, dejarían muy comprometida la sostenibilidad de las finanzas estatales y abocarían a las nuevas generaciones soportar grandes hipotecas: mayor deuda pública, mayor fiscalidad y la certeza de que, añade, los jóvenes no podrán acceder a prestaciones de parecido nivel.