Marcha atrás en la reforma del mercado del alquiler. El real decreto que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez con relevantes cambios para los contratos no fue convalidado por el Congreso de los Diputados anteayer después de que Podemos lo rechazará. Aún así, ha habido arrendatarios y arrendadores que han firmado sus contratos según la norma ahora desactivada: aquellos que los suscribieron entre el 18 de diciembre, cuando se publicó el decreto de medidas urgentes para el mercado del alquiler, y esta misma semana. Esos contratos quedan sujetos a esa efímera regulación en cuestiones como los plazos y los avales. Para los nuevos alquileres, "volvemos a lo que había antes", resumió lacónicamente el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Asturias (Coapi), Antonio Vega.

El decreto pretendía dar más poder a los inquilinos y había despertado recelos en los propietarios, aunque no había detenido los contratos pese a su provisionalidad. "No se esperó a que la norma se convalidara o se rechazara; las operaciones se han ido haciendo con normalidad, aunque sí había gente preocupada y que te decía que iban a tener que mirarse muy mucho a quiénes le alquilaban el piso", resaltó Vega. Pese al revés, el Gobierno no se da por vencido. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometió, a través de su cuenta personal de Twitter, a sacar adelante una ley estatal de "marcado carácter social". Podemos justificó su rechazo argumentando que no contemplaba una regulación de los precios de los alquileres en zonas "tensionadas" dentro de las ciudades.

Vuelta a la situación antigua. A partir de ahora, para los contratos de alquiler se vuelve a tomar como referencia la ley de Arrendamientos Urbanos que impulsó el Gobierno del PP allá por 2013, y que era la normativa que ya estaba en marcha hasta el 18 de diciembre, cuando entró en vigor temporalmente el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

¿Qué cambiaba el decreto ahora rechazado? Una de las modificaciones más sustanciales, destacan los agentes inmobiliarios, era que se pretendía ampliar el plazo de la duración mínima del contrato a cinco años (o siete si el arrendador era una persona jurídica) en lugar de los tres que recoge la ley anterior y que ahora vuelve a estar vigente. El cambio ha sido inmediato. "Hoy mismo (por ayer) hemos firmado un contrato de alquiler a tres años y ayer (por el martes) uno a cinco", señaló César Nozal, portavoz de la Asociación Asturiana de Inmobiliarias (Asocias).

Avales. Otro cambio sustancial es que los propietarios no podían exigir un aval superior a los dos meses. Ésta era, señala Vega, una de las medidas que menos convencían a los propietarios y la que más reparos habían suscitado. El Gobierno había justificado esta reforma con el objetivo de "limitar la carga económica que en ocasiones genera al inquilino la firma de un nuevo contrato". Ahora, con arreglo a la ley de 2013, el propietario tiene barra libre para pedir los avales que estime oportuno, sin ningún tipo de límite. También le puede reclamar al inquilino que pague la comisión de la agencia inmobiliaria si ésta ha intervenido en la operación.

Desahucios. La nueva ley incluía medidas para la "protección de hogares vulnerables". Llegado el caso, el inquilino moroso podía alegar vulnerabilidad social, con lo que el juez encargado del lanzamiento debía encargar un informe a los Servicios Sociales para evaluar su situación. Con ello, el proceso necesariamente se dilataba en el tiempo. Podemos quería que hubiera más garantías adicionales.

Precios. Podemos justificó su rechazo a esta nueva ley porque no se incluían medidas para controlar los precios en un momento en el que el coste del alquiler se está disparando en muchos barrios de Madrid o Barcelona. En Asturias los alquileres también están subiendo, pero, según los agentes inmobiliarios, no de una forma tan exagerada. Según un reciente estudio, los precios crecieron un 7,2 durante el último año en la región.

Impuestos. La nueva normativa incluía bonificaciones de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler con precio limitado. Podemos consideraba que las medidas no eran suficientes y reclamaba incrementar estas exenciones, que ahora quedan borradas y vuelven a la casilla de 2013.