Los nubarrones que hay sobre las plantas siderúrgicas de Arcelor-Mittal en Asturias, que de momento han provocado las paradas de talleres de hojalata en Avilés y la activación de un ERE se siete días que afecta a más de 1.600 trabajadores, no se despejan. Además se añaden nuevos factores de preocupación porque se ratifican las decisiones políticas para encarecer los costes del CO2 y la patronal siderúrgica duda de la efectividad de las medidas para combatir las importaciones de acero de fuera de la UE que entratarán en vigor el 4 de febrero.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto ley con el que se transpone parte de la Directiva Europea que regula el comercio de derechos de emisiones de gases contaminantes en España para el periodo 2021-2030. Esa Directiva establece medidas para reducir los derechos gratuitos de emisión de industrias como la siderúrgica. Según cálculos de Arcelor su aplicación supondrá sobrecostes anuales de 75 millones en las plantas asturianas.
El próximo mes entrarán en vigor las medidas definitivas de salvaguardia a la importación en la UE de productos siderúrgicos. Las medidas permitirán la entrada sin arancel de productos hasta completar una cuota que será superior a la media de los años 2015-2017. Solo cuando se supera esa cuota se gravan las importaciones con un arancel del 25%. Por eso, la patronal Unesid ve claro que las medidas de salvaguardia "no suponen una restricción ni limitan los flujos de importación tradicionales que podrán continuar en los próximos años como hasta ahora".
La presidente de Foro, Carmen Moriyón, señaló ayer que "los gobernantes socialistas están condenando a Arcelor a seguir el mismo camino del cierre de plantas que Alcoa".
