Javier Suárez Pandiello (Gijón, 1959), catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo -y poeta en sus ratos de ocio-, está considerado uno de los principales expertos del país en disciplinas como la financiación de las corporaciones locales. Como tal, formó parte de una comisión técnica creada en 2017 para orientar una reforma del modelo que, como la del autonómico, quedó varada antes de llegar a negociarse en los foros políticos. Suárez Pandiello acaba de publicar en la revista "Presupuestos Públicos", junto a la catedrática valenciana Ana Muñoz Merino, un análisis sobre las propuestas que formuló aquel comité de expertos.
- Se cumplen dos años desde los trabajos de esa comisión sin que se haya abordado ninguna de las reformas de la financiación territorial, ni la local ni la autonómica. ¿Por qué?
-Tengo experiencia en que ocurra así, porque esta es la tercera comisión de este tipo en la que estoy. En este caso hay bastantes razones que pueden explicar que las reformas no vayan adelante. La principal es la inestabilidad política, la ausencia de mayorías. Y está el hecho de que lo local siempre está subordinado a lo autonómico, porque quienes tienen de verdad poder político son las comunidades autónomas. Teóricamente, la reforma de la financiación local sería más fácil de llevar a la práctica porque el grado de consenso en la comisión de expertos fue mayor. En el autonómico hay más aristas, el problema catalán lo complica todo?
- No hay indicios de que la fragmentación política de la que habla vaya a cambiar tras las elecciones de mayo?
-Un problema de este país es que estamos siempre de elecciones o en proceso preelectoral. Así que se tiende a dejar estas cosas para después de las elecciones, pero en algún momento habrá que poner el punto cero. Si lo urgente no deja paso a lo importante no hay manera de hacer nada.
- ¿Es urgente reformar la financiación de los municipios?
-Un argumento que están utilizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Gobierno es decirles a los ayuntamientos: 'Vosotros tenéis superávit; por tanto, muy mal no estaréis'. Pero es tramposo: existe superávit porque se les impone una normativa que impide gastar. Si esa misma rigidez que se aplica a los ayuntamientos, que no digo que sea mala, se hubiera utilizado con autonomías como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía?seguramente otro gallo hubiera cantado. No se tuvo lo que hay que tener para actuar del mismo modo.
- Las corporaciones locales se quejan de que han pagado las deudas y tienen mucho dinero en el banco, pero apenas pueden invertir por la disciplina que se impone desde Madrid.
-Hay quien dice que eso lo único que significa en realidad es que, más que invertir, lo que hay que hacer es bajar la presión fiscal.
- ¿Existe riesgo de deterioro de los servicios si persiste la ausencia de inversiones?
-Es evidente. Y vuelvo a lo de antes: si se hubieran apretado las clavijas a las autonomías como a los ayuntamientos, imagínese adonde se habría llegado con los recortes. Al final, municipios y ciudades, que también prestan servicios importantes, se preguntan por qué son el patito feo. Si tienen dinero, han acabado de amortizar la deuda y tienen cosas sin hacer, es comprensible que los municipios pidan margen para invertir.
- Los datos sugieren que el saneamiento de los ayuntamientos se ha hecho subiendo impuestos (el IBI, principalmente) y recortando la inversión, pero no ajustando costes de personal u otros gastos corrientes.
-En eso hay un discurso también un poco tramposo. Se tiende a decir que la inversión es buena y el gasto corriente es malo. Vamos a ver: ¿hacer hospitales es bueno, pero pagar a los médicos es malo? ¿hacer escuelas es bueno y pagar a los maestros es malo? Hombre, los servicios no funcionan sin gasto corriente. Una vez que has hecho la inversión, el mantenimiento es gasto corriente. Pero cada vez que llega al debate presupuestario en una comunidad o en un ayuntamiento lo primero que se discute es a ver si son inversores o si son sociales o no sé cuánto más. Se puede poner el acento donde se quiera, pero eso de decir que la inversión es buena y el gasto corriente malo...Yo, modestamente, como todos los días, y eso es gasto corriente.
- ¿Es alta la presión fiscal de los ayuntamientos?
-Hay de todo en los ocho mil municipios españoles. Hubo un tiempo en el que se ingresaba mucho por ciertos tributos que contablemente aparecen como ingresos recurrentes, ordinarios, y que en la práctica no lo son, como el impuesto de construcciones y obras o el que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos (la plusvalía). Con el de construcciones, los ayuntamientos ingresaron una pastísima tremenda durante el boom inmobiliario y, interpretando que se trataba de un ingreso ordinario, se dedicaron a hacer obras y expandir servicios. Luego se cayó aquello, de repente vinieron abajo esos ingresos y vinieron los problemas. El IBI sí es un ingreso recurrente, sabes que lo vas a tener todos los años, pero el impuesto de construcciones no. Por otra parte, cuando se habla de presión fiscal hay que ver cuál es su estructura.
- ¿A qué se refiere?
-Por ejemplo, en Asturias hay una polémica del demonio sobre el impuesto de sucesiones, pero a mi juicio ese tributo no es un problema, el que de verdad lo es la plusvalía municipal. Si tenemos en cuenta las bonificaciones, sobre todo para los herederos más directos, ¿cuánta gente paga realmente Sucesiones y a cuánta le supone un problema? Mire, no, el problema está en el tributo que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos: usted vende una casa y el ayuntamiento le mete un clavel de tres pares de narices en un impuesto que es un disparate, un desastre que ha sido declarado inconstitucional.
- Esa sentencia se produjo hace casi dos años y la reforma de la plusvalía sigue varada en el Congreso de los Diputados?
-El Constitucional ha anulado por el momento el impuesto cuando el aumento del valor del suelo no existe, pero ¿qué pasa si la plusvalía, aun existiendo, es menor que la que calcula el ayuntamiento con el mismo método? Es cuestión de tiempo que también se declare inconstitucional. Es un impuesto loco, no tiene pies ni cabeza como está montado y la gente que nos dedicamos a esto llevamos treinta años diciendo que o lo hacen bien o lo quitan. La inercia hace que siga. Ese sí es un problema, no el de Sucesiones.
- La comisión de expertos planteó la opción de que los ayuntamientos grandes establecieran un recargo sobre el IRPF. ¿Cómo se justifica?
-Se plantea como algo optativo y siendo conscientes de que no sería muy usado. Al sistema tributario local siempre se le achacó que es muy rígido, que para recaudar más necesitas subir los tipos porque las bases imponibles no se actualizan como puedan hacerlo las del impuesto de la renta o del IVA, con los que vas recaudando más según vaya mejorando la economía. Pensamos que meter algo en la financiación local que tuviera un poco más de relación con la actividad real era oportuno. Ahora mismo, las autonomías participan en los ingresos del IRPF y pueden subir y bajar tipos. Los grandes ayuntamientos (a partir de 75.000 habitantes) también participan, pero ponen la mano, no deciden; sólo reciben una transferencia.
- La descentralización de la capacidad de decidir en materia de impuestos ha llevado a una competencia entre territorios que genera situaciones percibidas como muy injustas en tributos como Sucesiones. ¿Conviene poner límites, dar marcha atrás y armonizar los tributos en las autonomías?
-Yo sería más radical. Los impuestos de patrimonio y de sucesiones deberían ser estatales, y punto. La lógica de la redistribución dice que los tributos de base ampliamente redistributiva, como son estos, deberían ser centralizados, porque quien en la práctica puede redistribuir es el Gobierno central. Si dejas esa función en el ámbito local o regional lo que generas es lo que tenemos: competencia fiscal a la baja, una carrera hacia el fondo que hace que la presión descienda en todas partes y que acabes con problemas de sostenibilidad de los servicios, que hay que pagarlos. Esa historia de Laffer (Arthur Betz Laffer, a quien se debe la llamada "curva de Laffer") de que bajando los impuestos voy a recaudar más está muy bien como teoría, pero no funciona.
- ¿Nunca lo ha hecho?
-No hay ningún ejemplo de que haya funcionado de verdad. El primero que intento hacer eso fue Ronald Reagan y consiguió el déficit más alto registrado hasta entonces en EE UU.
- Habla usted de recentralizar Sucesiones y Patrimonio, no de suprimirlos, como piden movimientos ciudadanos, organizaciones empresariales y partidos de la derecha?
-Mi posición es que el impuesto de sucesiones no está hecho para gravar a uno que lleva toda su vida trabajando y le deja un piso o cuatro perras al hijo. En eso estamos de acuerdo todos. Pero, qué casualidad que todas las grandes fortunas americanas sean partidarias del tributo. Oyes a Warren Buffet, a Bill Gates o a George Soros y son firmes defensores del impuesto como forma de legitimación del sistema. Lo que te vienen a decir es: pongamos un mínimo exento lo suficientemente alto, sobre el cual sí podemos discutir, de manera que, por ejemplo, el 80% de la población quede fuera del impuesto. Hablamos de igualdad de oportunidades. Si estamos haciendo una carrera de mil metros, alguien que herede una fortuna sale a diez metros de la meta mientras que otros salen desde el principio. El impuesto de Sucesiones lleva existiendo desde la época romana y está perfectamente legitimado en el mundo. Y si queremos suprimirlo hay que decir cómo y de quién recaudamos la pasta. ¿Subimos dos puntos el IVA? ¿Aplicamos copagos en los servicios?
- ¿Conviene hacer esa reforma integral del sistema tributario de la que se habla tan a menudo pero que ningún gobierno afronta?
-En España siempre andamos con parches. ¿Por qué no nos ponemos a decidir qué tipo de estado queremos y cómo repartimos los costes? Al final, aunque los llamemos como queramos, tipos de impuestos hay tres: sobre la renta, sobre la propiedad y sobre el consumo. Así que si decidimos quitar los impuestos sobre la propiedad (Patrimonio, Sucesiones?), significa que vamos a gravar más la renta o el consumo. Por ejemplo, si queremos gravar más a los consumidores, debemos saber que una cajera de supermercado consume el cien por cien de su renta, mientras que, por mucho que quieran y vivan a todo tren, Cristiano Ronaldo o Messi van a consumir el diez por ciento de la suya. Si estamos diciendo que queremos sustituir imposición sobre renta o patrimonio por la del consumo, estamos diciendo que a la cajera le voy a gravar el 100% de los ingresos y a Messi, el 10%.
- ¿Mejor actuar sobre el IRPF?
-El impuesto de la renta es en teoría el mejor, el más equitativo, y estaría muy bien si todas las rentas se gravaran igual. Aunque todos los euros tienen la misma capacidad adquisitiva, un euro procedente del trabajo tributa sí o sí, porque la nómina te la tienen pillada y no te escapas de ninguna manera; en el caso de un euro procedente de una actividad profesional hay más posibilidad de jugar con ingeniería fiscal, y en el caso de un euro de las rentas de capital, con eso de que son más movibles, se decidió que tributen a tipos más reducidos. Así que un señor que vive de su trabajo paga más que otro que, ganando lo mismo, vive de los dividendos de unas acciones que tiene. Eso nos dice que algo falla.
- ¿Y a dónde nos lleva?
-Si las rentas de capital tributan menos que las del trabajo en el IRPF y encima se pretende dejar sin tributar la propiedad, que es la acumulación de esas rentas de capital, estamos diciendo que queremos distribuir la carga entre las distintas capas de la sociedad de una manera determinada. No estoy hablando de viejos maniqueísmos sobre del burgués explotador y el trabajador bueno. Hablamos de cantidades, y lo que nos dice el sistema fiscal que tenemos es que, a igualdad de cantidad de renta, se tributa distinto en función del origen del dinero y que la posibilidad que tiene uno de evadir la carga tributaria es también muy distinta según ese origen. Así que, si el IRPF no nos sirve por sí mismo para corregir eso, habrá que complementarlo por algún lado. Para eso están Sucesiones o Patrimonio.
