Nuevo cambio en las reglas sobre quién debe hacerse cargo de los gastos de formalización de las hipotecas. El Tribunal Supremo dictó recientemente varias sentencias que sientan doctrina sobre cómo deben hacerse unos pagos que los jueces reparten de forma mayoritaria entre el banco y los clientes, rebajando el dinero que estos últimos pueden recuperar en los Juzgados. Aun así, se prevé para los próximos meses una oleada de demandas por parte de los hipotecados asturianos, según coinciden los despachos de abogados. Miles de pleitos permanecían retenidos a la espera de que el alto tribunal tomara una decisión definitiva y para saber a qué atenerse en los litigios.
El criterio del Supremo choca con las decisiones que estaban tomando los jueces asturianos, que venían cargando de forma mayoritaria los gastos de la hipoteca (notario, gestoría, registro de la propiedad...) sobre la banca, excepto el impuesto de actos jurídicos y documentados. Esto es, hasta hace unas semanas el hipotecado que decidiera reclamar tenía muchas papeletas para poder recuperar en primera instancia hasta unos 1.600 euros. Tras la nueva doctrina judicial, quienes pleiteen ahora sólo podrán optar al reintegro de cerca de mil euros, un 40% menos.
El citado tribunal establece, a través de cinco sentencias, que el banco únicamente tiene que soportar íntegramente los gastos de registro de la hipoteca. Para un préstamo de 150.000 euros supone unos 400 euros. En cambio, se determina que la entidad financiera y el cliente se repartan el abono de los costes de la notaría, la gestoría y la tasación. En conjunto son unos 1.200 euros. El Supremo ya determinó, en una polémica resolución, que el impuesto de actos jurídicos documentados (el mayor de los desembolsos que se hacen: 2.500 euros en el ejemplo utilizado) corría por cuenta del cliente. Sin embargo, ya no es así desde noviembre para los nuevos préstamos, después de que el Gobierno aprobara por decreto que el gravamen corresponde a los bancos. La decepción entre los consumidores con el criterio del Supremo sobre los gastos es palpable. Sus expectativas de recuperar dinero se devalúan. Aun así, los abogados especialistas en este tipo de pleitos aseguran que continuarán adelante con las demandas. "Sigue mereciendo la pena", asegura el abogado ovetense Jorge Álvarez de Linera. El letrado de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), José Antonio Ballesteros, explica que en su caso tenían un gran número de demandas pendientes a la espera de que el Supremo decidiera. Ahora, las familias demandantes intentarán primero una reclamación extrajudicial, pero tienen pocas esperanzas de que los bancos acepten, vistos los antecedentes. Si en un mes no tienen respuestas, los casos irán a juicio.
Ballesteros advierte: "Habrá que ver cómo los bancos luego repercuten todos esos gastos en los intereses de los préstamos". Algunas asociaciones de consumidores han denunciado que los diferenciales de las hipotecas ya están subiendo. El abogado Juan Rodríguez-Ovejero opina: "Si el Supremo ha hecho esto para tratar de cortar la marea de pleitos, no lo va a conseguir".
Esas nuevas sentencias del Supremo establecen también que las comisiones de apertura que se pagan al pedir las hipotecas no son abusivas. Ésta era una de las principales reclamaciones de los representantes de los consumidores. De hecho, los letrados no dan la batalla por perdida y ven posibilidades de que este asunto acabe en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, como, argumentan, sucedió ya con las cláusulas suelo. Aunque los abogados están divididos. Así, tanto Álvarez de Linera como Rodríguez-Ovejero ven opciones, mientras que Ballesteros, tajante, asegura que esa vía no es posible, ya que no se dan las circunstancias para solicitar la nulidad de la cláusula.
Para las nuevas hipotecas, los criterios volverán a cambiar en marzo, cuando, previsiblemente, el Parlamento dé luz verde a la nueva ley hipotecaria. Sus reglas poco o nada tendrán que ver con la decisión que acaba de tomar el Supremo. A partir de ese momento será el banco el que tenga que asumir a solas el pago de todos estos gastos, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados. Presumiblemente, la litigiosidad caerá desde entonces, aunque se prevé que el pulso entre consumidores y bancos no quede ahí. Hay más frentes abiertos, como el de las comisiones de las tarjetas de crédito.
