El Gobierno central aprobará la próxima semana el borrador del llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un documento que remitirá de inmediato a la Comisión Europea y que anticipa la hoja de ruta que España se compromete a seguir para impulsar las tecnologías renovables y combatir el cambio climático en el período 2021-2030. El final adelantado de la legislatura y la convocatoria de elecciones para el 28 de abril no han afectado a la determinación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de proseguir la tramitación de una estrategia energética que prevé el cierre de las térmicas de carbón dentro de la próxima década, con gran impacto para Asturias. El Gobierno regional demandó ayer que el citado plan deje margen para que alguna de las centrales asturianas pueda funcionar más allá de 2030.
La agenda de Transición Ecológica "no ha cambiado" con el adelanto electoral, confirmaron fuentes ministeriales. Teresa Ribera llevará el texto del Plan de Energía y Clima a la reunión del Consejo de Ministros, con el propósito de atender la obligación que tienen los países miembros de la UE de definir y aprobar dentro de este año la forma en que piensan cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (sustitución de energías fósiles por renovables y mejoras de ahorro de energía) y cómo se reparte el esfuerzo entre los distintos sectores concernidos. Lo que se aprobará el viernes es un borrador y, por tanto, su contenido no es inamovible. Bruselas lo examinará, verificará que es compatible con los objetivos climáticos de la Unión y lo devolverá a España para su aprobación definitiva, vía real decreto del Gobierno que deberá ser convalidado por el Parlamento.
Aún no tratándose de un texto definitivo, el documento que se remita a Europa puede atar en cierta medida al Gobierno que salga de las urnas. Modificarlo sustancialmente tras ser tramitado ante Bruselas no resultaría sencillo, han indicado algunas fuentes conocedoras del procedimiento.
¿Qué contiene ese plan y cuál es su impacto real? Inspirado por las tesis de la ministra Ribera, fija objetivos singularmente ambiciosos, superiores incluso a los aprobados a escala europea, para el despliegue de tecnologías renovables. El Ministerio plantea llegar en 2030 a un 70% de electricidad procedente de fuentes "verdes" (hidráulica, eólica, solar...), con la incorporación al sistema de 3.000 megavatios de potencia al año. La integración de esas instalaciones será paralela al cierre de las térmicas de carbón (antes de 2030) y de las nucleares (entre 2025 y 2035). Es seguro ya que la mayoría de las centrales carboneras españolas (nueve) cerrarán antes de 2021, al no haber realizado las empresas las nuevas inversiones ambientales que exige la disciplina de la UE (para la reducción de óxidos nitrosos), y el Gobierno prevé que las térmicas restantes (cinco, dos de ellas en Asturias) dejen de funcionar antes de que concluyan los años 20, según anticipó esta semana la ministra Ribera.
La planificación de cómo será la dieta energética en el horizonte de 2030 es indicativa, no obligatoria. El hecho de que se prevea un país sin electricidad de origen carbonero no supone por sí mismo que el Gobierno vaya a ordenar materialmente los cierres -probablemente los forzará en muchos casos el mercado, por el sobrecoste que conlleva emitir CO2-, pero un plan así manda un mensaje explícito de que la Administración apuesta por un formato de descarbonización rápida, sin espacio para la continuidad a diez años vista de las térmicas, a las que considera prescindibles pese a su papel de respaldo de las energías renovables (de producción intermitente y difíciles de gestionar) y al efecto moderador que ahora tienen sobre el precio de la luz.
Los riesgos que ello supone para Asturias (en el empleo, en la factura energética de la industria, en los tráficos de El Musel, en el transporte...) han enfrentado al Gobierno asturiano del socialista Javier Fernández con el de Pedro Sánchez. Ayer, ante la inminente aprobación del Plan de Energía y Clima, fuentes del Principado transmitieron esta posición: "El Gobierno de Asturias no está hablando de que se apruebe (el plan) o no o se aplace o no; lo que quiere es que no incluya el cierre de todas las térmicas de carbón en la próxima década". Esto es, que el documento reconozca como factible la continuidad de alguna central después de 2030.
