La jueza que instruye el caso del presunto fraude en las subvenciones de formación de UGT ha citado para que declaren, por segunda vez, las administradoras de las sociedades Infastur, Localmur y Formación 2020, todas ellas vinculadas al sindicato. La jueza ha aceptado la petición del fiscal después de recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre la entrada y salida de los fondos vinculados a las subvenciones de formación.

La jueza está centrando la investigación en el entramado de sociedades vinculadas a UGT que participan en la gestión de cursos, alquiler y dotación de aulas y suministro de libros. El informe de la Agencia Tributaria destaca que en los años investigados (2010-2014) la sociedad Infastur obtuvo 802.555 euros de la fundación de formación IFES (también vinculada a UGT), lo que representó el 35% de sus ingresos de 2.292.188 euros, la mayor parte de los cuales se destinaron a la compra de un bajo en La Felguera propiedad de una cooperativa de viviendas impulsada por Astur Gestión e Viviendas, también vinculada a UGT.

Con respecto a Localmur -que obtuvo el 95% de sus 8.477.439 euros de ingresos a través de IFES y de la sociedad ligada a UGT Formación 2020-, el informe señala que "no se encuentra el valor añadido que aporta con su intermediación en los contratos de alquiler (de aulas), más allá de intentar justificar costes más elevados bajo ese concepto". Y añade que "los importes facturados no guardan relación con sus compras".

Y finalmente sobre Fomación 2020 -que obtuvo el 90% de sus 8.735.625 euros de ingresos de IFES y Localmur- señala que el ratio resultados/ingresos asciende en el conjunto de los cinco años a casi el 50% "lo que supone doblar los gastos". El informe da por cierta la declaración de una ex directora de IFES Asturias a la Guardia Civil, que apuntó que Formación 2020 conseguía material didáctico con descuestos de hasta el 60% y luego emitía facturas a IFES por valor real de mercado.

El abogado de UGT, Francisco Alonso, señaló que e l informe "es una mera auditoría a a las sociedades mercantiles que no tiene que ver con el objeto de investigación, que son las subvenciones del Principado". Visto el informe, la jueza ha citado a declarar a Mónica Menéndez, administradora de Infastur, y a María Jesús Ocaña, administradora de Localmur y Formación 2020.