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La posibilidad de más ajustes laborales cuando está vigente un ERE

La nueva operación de concentración bancaria podría traer nuevos ajustes a Liberbank, teme la plantilla. La relación entre la dirección de Liberbank, el banco liderado por la Fundación Cajastur, y los sindicatos ha estado cargada de tensión durante estos últimos años. Tanto que algunas de las regulaciones de empleo impulsadas por el banco han terminado en los Juzgados. El último ajuste laboral lo pactó la entidad con el 70% de la representación sindical allá por junio de 2017, y la previsión es que ese expediente de regulación de empleo (ERE) esté vigente hasta finales de este año. Ese acuerdo venía a alargar los términos de una regulación que se había firmado unos años antes.

El pacto incluye un recorte del 13% de la plantilla de Liberbank que, en la fecha en la que se firmó la regulación de empleo, estaba integrada por 4.011 trabajadores. La salida de estos empleados se hace mediante bajas voluntarias. La entidad estimaba que mediante esta fórmula podrían salir 525 personas de la empresa. Pueden acogerse a esta fórmula, aún vigente, los nacidos en 1956, 1957, 1958 y 1959, con unas indemnizaciones generosas. Si las plazas quedaban por cubrir, las bajas podrían ampliarse a cualquiera que estuviera en plantilla, a los que se indemnizaría con 33 días por año trabajado con un máximo de 22 mensualidades.

Liberbank pactó también con los sindicatos prolongar las reducciones de jornadas y salario. El tijeretazo podría estar entre el 10,04 y el 13,56% de las nóminas. Además, también se acordó prolongar el acuerdo de movilidad geográfica tal y como estaba hasta ese momento y que está limitado a los casos de cierres de oficinas o de reestructuración de los servicios centrales. Si el trabajo rechazaba moverse tenía derecho a una indemnización por extinción del contrato.

El acuerdo fue llevado al Juzgado por una parte de la representación sindical, hasta que en enero del año pasado la Audiencia Nacional desestimó la demanda de las centrales que pretendían poner freno al ajuste. Lo hizo porque entendía que las demandas se habían presentado fuera de plazo. CSI, CSIF, CSICA y Apecasyc consideraban que los ajustes no estaban justificados.

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