El borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria que ha investigado el funcionamiento de los cursos de parados y trabajadores ocupados destaca la ausencia de mecanismos de control en el Principado sobre el destino de los fondos y cuestiona la idoneidad de los programas de formación, según trascendió ayer sobre la propuesta inicial de dictamen redactada por el presidente de la citada comisión, el parlamentario regional de Podemos Emilio León.

La elaboración y debate del dictamen sobre las presuntas irregularidades en los cursos, investigadas por un juzgado de Oviedo desde hace tres años en el caso de la formación impartida por UGT y su fundación IFES, será en los próximos días uno de los hitos del final de la legislatura. El borrador elaborado por Emilio León ha sido entregado a los demás grupos parlamentarios, que podrán presentar enmiendas hasta el día 4 de marzo. El día 6 de marzo, el documento y las enmiendas serán debatidos y el día 15 se votarán las conclusiones en la comisión, de forma que el texto final podría llegar al Pleno de la Junta General del Principal antes de que, camino de los comicios autonómicos del 28 de mayo, expire la legislatura.

De acuerdo con los datos que ayer trascendieron, el borrador de dictamen, más que hacer imputaciones personales de responsabilidades, hace una crítica general a la ausencia o debilidad de los mecanismos de control que competen al Principado. En relación a UGT se subraya el uso de empresas interpuestas en la gestión de los cursos, en referencia a las sociedades pertenecientes al sindicato y a la fundación IFES que suministraban los locales o los materiales didácticos y que en la investigación judicial aparecen como instrumentos que presuntamente estaban al servicio de la financiación de la organización. El texto de Podemos incide también en que el Principado no realizó una auditoría de los cursos a raíz de que trascendiera la investigación judicial sobre la formación de UGT, instrucción en la que sí está personada la Administración asturiana.