El test que tendrán que pasar ante notario los nuevos hipotecados a partir de junio para saber si han comprendido correctamente los contenidos y las cláusulas incluidas en el préstamo puede ser un arma de doble filo. La advertencia la lanzaron ayer varios abogados asturianos especializados en litigios contra la banca. Por un lado, saludan el paso que pretende dar la ley hipotecaria para hacer más diáfanos los contratos, pero también aseguran que el examen "no será una garantía de transparencia" y critican que su única intención es proteger a la banca. Tampoco, alertan, se frenará la litigiosidad si hay abusos.
"Con esta medida se trata de dar una apariencia de transparencia que evite futuras reclamaciones, pero de lo que se trata es de proteger a la banca", señaló, contundente, José Antonio Ballesteros, letrado de la Unión de Consumidores de Asturias. Más útil, considera el abogado, sería que el banco le explicara de forma detallada a su cliente cuál podría ser la evolución del tipo de interés al que esté ligado su crédito (normalmente, el euribor).
Lo que no se sabe aún es cómo va a ser ese tipo de test. Es decir, si habrá un cuestionario estándar o si se va a adaptar a cada caso concreto. No obstante, Juan Rodríguez-Ovejero, abogado ovetense especialista en este tipo de casos, advierte de que el hecho de que la ley le dé poder al notario para tumbar la operación será "un arma de doble filo que será usada por la banca en futuros litigios". De hecho, dándole la vuelta, asegura que el "test no debe interpretarse como un examen al consumidor, sino como un control hacia el banco, que se practicará por el notario a través de las declaraciones del consumidor". El cliente tendrá que superar esta prueba como muy tarde un día antes de la firma definitiva del préstamo. Para eso, el banco debe entregarle toda la información relacionada con el préstamo al menos diez días antes para que pueda ir estudiándola tranquilamente y asegurar el aprobado. Eso evitará que, como viene pasando hasta ahora, al notario se llegue con la lengua fuera y sin los deberes hechos por parte de las entidades financieras de suministrar la información a los clientes con la suficiente antelación.
El abogado gijonés Ignacio García, por su parte, señala que "todo lo que sea que los clientes sepan lo que están firmando y que se pongan garantías para que se sepan las consecuencias de lo que se firma es positivo". En similares términos se expresa el letrado Manuel Noval, quien, no obstante, apunta que ya los clientes tenían que pasar un test de idoneidad, el llamado Midi, que "se rellenaba de aquella manera", y que no consiguió frenar los litigios contra los bancos. Rodríguez-Ovejero resalta que "un test no es ni será garantía de transparencia, y la prueba de esa deficiencia la encontramos en la interpretación jurisprudencial sobre los test o cuestionarios de salud en la comercialización de un seguro de vida". La litigiosidad no se frenará si hay abusos, advierten.
