Los ayuntamientos asturianos se acercan a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo (26-M) con una situación económica holgada vista en conjunto: el endeudamiento ha caído a niveles manejables, los presupuestos se liquidan muy a menudo con superávits y las corporaciones locales tienen cientos de millones en caja. Pero no pueden gastarlos. Las reglas de estabilidad presupuestaria, que desde 2012 atan a los gestores municipales, mantienen en niveles muy bajos la inversión, el capítulo que más ha sufrido en el proceso de saneamiento de las arcas locales que siguió a la crisis económica y al hundimiento que ésta provocó en los ingresos públicos. Los concejos han demandado sin éxito a los gobiernos centrales que abran la mano con las reglas de austeridad que se están aplicando al único de los niveles de la Administración española que no tiene déficit.
"Es cuando menos una paradoja que la Administración que está en números rojos (la central) imponga determinadas restricciones a la que está sacando las castañas del fuego", reflexiona Ignacio García Palacios, presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). El también alcalde socialista de Nava alude al hecho de que el ahorro de las corporaciones locales españolas (superávit presupuestario equivalente al 0,54% del PIB en 2017, último año con cifras cerradas) ha permitido suavizar las cuentas del déficit público que el Estado ha ido presentando en Europa (con incumplimientos sistemáticos de los objetivos por los desvíos del resto de Administraciones, salvo en los ejercicios en los que esos objetivos fueron revisados a alza de manera extraordinaria tras negociar con Bruselas).
El dinero. Los municipios, expone García Palacios, están sujetos desde 2012 a una disciplina de gasto que ha primado el pago de la deuda. Combinada esa disciplina con un aumento de los ingresos (a través de la mayor presión fiscal del IBI, principalmente), el resultado ha sido que los ayuntamientos españoles han encadenado seis años con saldos positivos y embalsado gran cantidad de fondos que no pueden gastar por la rigidez de las reglas de disciplina presupuestaria, hijas de la crisis. "Estamos hablando ya de 27.000 millones de euros que los municipios del país tienen, para entendernos, parados en los bancos; imaginemos el efecto que podría tener en la economía invertir la mayor parte de ese dinero, considerando además la capilaridad que tienen los ayuntamientos, su capacidad para distribuir territorialmente el impacto y beneficiar a las pequeñas empresas locales", subraya también el presidente de la FACC. "En Asturias podemos estar hablando de 500 millones de euros o más", añade sobre el remanente de tesorería (liquidez excedente después de pagar todos los gastos) que han ido acumulando los concejos asturianos. Las cuentas oficiales más recientes del Ministerio de Hacienda cifran ese remanente en 360 millones en 2017 y es altamente probable que se superasen los 400 millones en 2018.
Las reglas. ¿Por qué no pueden disponer de ese dinero los ayuntamientos para mejorar los servicios y realizar otras inversiones? La legislación sobre estabilidad presupuestaria la impulsó el PP en 2012, aunque en alguna medida parte de la reforma constitucional (artículo 135) que en 2011, con el PSOE en el Gobierno, consagró el criterio de que, antes que ningún otro gasto, incluidos los sociales, el pago de la deuda tiene prioridad en los presupuestos públicos. En sintonía con ello, la estrategia para enderezar las finanzas municipales consistió básicamente en forzar a los ayuntamientos a obtener superávit para reducir sustancialmente su endeudamiento con bancos y proveedores, algo que en Asturias presenta el siguiente balance: se pasó de 451 millones de deuda municipal en 2011 a 277 millones en 2017; la mayoría de los grandes ayuntamientos redujo sus débitos a menos de la mitad; otros 36 habían dejado su deuda a cero en ese año y el pasivo de todos quedaba entonces muy por debajo del 75% de los ingresos corrientes, el límite a partir del cual se puede autorizar la firma de nuevos préstamos.
Los ayuntamientos tienen por lo general la deuda ajustada y mucho dinero fresco embalsado, pero se topan con el muro de la regla de gasto para invertir, denuncia Isaac García Palacios. Esa deuda establece que, de un año para otro, el presupuesto de gastos de un ayuntamiento no puede subir más que un porcentaje que determina el Estado a partir de la previsión de crecimiento de la economía nacional a medio y largo plazo. Y ocurre que ese incremento no se aplica sobre la cuantía del presupuesto anterior, sino sobre su liquidación. Esto es, sobre los gastos que efectivamente se realizaron. Los común es que los ayuntamientos no ejecuten el 100% de los gastos presupuestados, máxime cuando la ley los obliga a tener las cuentas en equilibrio o con superávit. "Al final, ocurre que tienes en caja más dinero que el previsto pero el techo de gasto no te permite disponer de él", concluye el presidente de la FACC.
La negociación. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los concejos han tratado de persuadir a los sucesivos gobiernos de revisar al menos ese criterio para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit para invertir. Con el Ejecutivo del PP no fue posible y con el más reciente del PSOE "hubo disposición en el Ministerio de Hacienda y se creó una comisión, pero no hay decisión aún", narra García Palacios.
Conclusión: con unos 400 millones de liquidez embalsada, cantidad que supera todo el capítulo de inversiones de los Presupuestos Generales del Principado para este año (357 millones), los ayuntamientos asturianos presentan en general un nivel de obras y actuaciones análogas muy modesto. En 2007, a las puertas de la crisis, la inversión anual ejecutada por los 78 concejos asturianos rebasó los 200 millones de euros y en 2011 fue de 149. La presupuestada para 2018 se quedó en 72,2 millones y las expectativas para este año son iguales o peores, considerando además el retraso en la aprobación de las cuentas de Oviedo, la prórroga presupuestaria en Gijón y los problemas que siguen teniendo los consistorios para licitar con la nueva ley de contratos. El tiempo en que los años electorales eran de trajín de obras e inauguraciones ha pasado a la historia.
