Los ayuntamientos españoles sufrieron a partir de 2008 un hundimiento de los ingresos que fue singularmente alto en las zonas de España donde mayor había sido el tamaño de la burbuja inmobiliaria. Su estallido a partir de esa fecha privó a las arcas locales del manguerazo de dinero que suponían las licencias urbanísticas a través del impuesto de construcciones, obras e instalaciones (ICOI). Eran fondos que, como ha hecho notar el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello, los ayuntamientos manejaban como si se tratara de ingresos recurrentes, constantes, para toda la vida. Como si la fiebre del mercado inmobiliario fuera a durar siempre. En Asturias, el tamaño del pinchazo en ese tributo fue el siguiente: pasó de aportar 51 millones en 2007 a menos 10 millones en 2013. Además, hasta 2010 los gastos de personal (334 millones en ese año) estuvieron creciendo en el contexto de las políticas públicas expansivas que en esos años aplicaron España y la mayor parte del resto de los países desarrollados para hacer frente a la recesión con recetas de corte keynesiano.
A partir de 2011, las políticas de austeridad que siguieron a la crisis del euro condujeron a un "rescate" de las finanzas municipales que, junto a un control en más estricto de las cuentas y mayor contención en los gastos de personal (333 millones en 2018), supuso sobre todo rebajar la inversión a un tercio de la que había en 2007 y elevar la recaudación del IBI mediante revisiones de los valores catastrales y otras medidas. Hoy, la factura del IBI para los asturianos (252 millones) supera en casi 100 millones la de 2007.
