La información confidencial de las empresas entendida en un sentido amplio ha quedado desde este año más claramente protegida por el ordenamiento jurídico español contra los casos de espionaje o uso ilícito por parte de antiguos trabajadores, según se puso de manifiesto ayer durante las III Jornadas de la Empresa y su Entorno Jurídico, un encuentro organizado por el grupo asturiano Autosa que reunió en Oviedo a destacados miembros de la élite judicial del país.

El ovetense Enrique López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, fue quien en su ponencia subrayó el "avance" registrado en 2019 con la trasposición en España de una directiva europea que clarifica el concepto de secretos profesionales a efectos de su protección en las jurisdicciones penal y mercantil. El penalista López hizo notar cómo esa norma extiende la protección a "casi a la totalidad de la actividad empresarial". En línea con lo que por otra parte ya venía estableciendo la jurisprudencia española, la interpretación más restrictiva que identificaba el secreto empresarial con la propiedad industrial queda definitivamente superado y el concepto se amplía para abarcar, además de los aspectos tecnológicos o científicos, los relativos a la organización, la actividad comercial o la gestión financiera.

La información sobre todos esos aspectos tendrá la condición de secreta, y por tanto protegida frente a terceros, siempre que se cumplan ciertas condiciones, precisó el magistrado, entre ellas que tenga valor para el negocio y que la empresa no quiera que se conozca, no estando por ello fácilmente accesible. "Se considera a la empresa y a la innovación como un bien a proteger", remarcó Enrique López, que compartió el atril de Autosa con los también magistrados Jesús Chamorro, Francisco Pañeda, José Ramón Navarro Miranda y Pablo Llarena. Este último, miembro de la Sala Penal del Supremo, fue el instructor de la causa sobre el "procés" catalán, cuyo juicio oral se está desarrollando ahora. Llarena evitó las preguntas de los periodistas sobre el caso "para que no se me entienda mal", dijo en alusión a lo ocurrido hace un año, durante su participación en las mismas jornadas de Autosa. Entonces, hizo unas declaraciones en las que, entre otras cosas, afirmó que los encausados del "procés" no eran presos políticos. Sus palabras han sido utilizadas desde Bélgica por el fugitivo Carles Puigdemont para presentar una demanda contra Llarena.

Entre los ponentes de ayer estuvo José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, que hizo una exposición sobre el delito de tráfico de influencias. "Entre el 70% y el 80% de los delitos económicos se cometen en el ámbito de las empresas", subrayó el magistrado. El cálculo comprende, detalló, los delitos cometidos contra las propias empresas.