El grupo papelero y energético Ence baraja, entre otras opciones posibles, congelar inversiones programadas en su fábrica de Pontevedra y derivar producción hacia la planta asturiana de Navia, para hacer frente a la incertidumbre sobre la continuidad a largo plazo de la instalación gallega. El futuro de este último complejo está amenazado después de que el Gobierno central haya decidido no defender en los tribunales la prórroga de 60 años (hasta 2073) concedida por el anterior Ejecutivo en la concesión administrativa de los terrenos que ocupa la fábrica. Sin la referida prórroga, esta planta estaría abocada a cerrar en 2033.
"La dirección se encuentra valorando las medidas a tomar para lograr el cumplimiento de los objetivos marcados dentro del plan estratégico", señaló una fuente oficial de Ence. La compañía está analizando el impacto de la posición gubernamental (afín a la de los colectivos ecologistas y ciudadanos que han pleiteado contra la ampliación de la concesión) y las alternativas que tiene para mantener su meta de duplicar el resultado de explotación del negocio papelero hasta alcanzar los 550 millones de euros en 2023. El camino que la dirección ha trazado para llegar a ese objetivo incluye fuertes inversiones en Navia (450 millones) y Pontevedra (350) que, para el caso del complejo gallego, podrían ser reconsideradas si resulta inviable la actividad más allá de 2033. Oficialmente, Ence ha señalado que aún es prematuro hablar de modificaciones en las inversiones previstas y que no hay decisiones tomadas, pero fuentes próximas a la compañía indicaron que la dirección que pilota Juan Luis Arregui está pensando en mantener las obras programadas en Pontevedra para 2019 (50 millones) y en congelar las previstas para los años siguientes.
