El Gobierno de España asegura que el cierre de nueve centrales térmicas de carbón previsto para 2020, entre ellas las asturianas de Lada y Narcea, no afectará a la garantía de suministro eléctrico. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguraron a este diario que para la elaboración del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIC) 2021-2030 ya se analizó esa desconexión con Red Eléctrica de España, el operador del sistema, y que no detecta problemas de suministro.

Al menos nueve centrales térmicas de carbón dejarán de funcionar a partir de 2020 al no contar con sistemas de desnitrificación para cumplir con los nuevos requisitos medioambientales que fija la Unión Europa. Las compañías eléctricas decidieron (al tiempo que el Gobierno lanzaba mensajes de que el carbón no tenía futuro) no invertir en las térmicas de Lada y Narcea en Asturias; Compostilla, Anllares, Velilla del Río Carrión y La Robla en Castilla y León; Andorra en Aragón; Meirama en Galicia, y Puente Nuevo en Andalucía. A partir de 2020 sólo seguirían activas las centrales térmicas de carbón de Aboño y Soto de Ribera en Asturias; Los Barrios y Litoral en Andalucía y As Pontes en Galicia.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la caída de potencia disponible en térmicas de carbón es asumible ya que hay alternativas para cubrir ese hueco. "En la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya se evaluó con Red Eléctrica de España el cierre de esas térmicas de carbón y se comprobó que no afectará a la garantía de suministro", señalaron fuentes del Ministerio, que no obstante añadieron que en la tramitación del cierre de esas centrales de carbón Red Eléctrica tendrá que evaluar de nuevo, caso por caso, las posibles incidencias.

El informe de Red Eléctrica es el primer requisito que deben superar las eléctricas para cerrar sus centrales. Luego el expediente se traslada al área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de la comunidad autónoma, también se necesita informe de la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC) y la tramitación ambiental del desmantelamiento. Con todo ello la Dirección General de Política Energética y Minas hace una resolución frente a la que las eléctricas pueden alegar. "A toda esa tramitación el Gobierno ha añadido la exigencia de un plan social de acompañamiento al cierre", destacaron fuentes del Ministerio.