Una de las medidas estrella del real decreto sobre alquileres del Gobierno no se podrá aplicar en Asturias. La nueva normativa, que entrará en vigor en junio, deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de penalizar a través de una subida del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que estén vacíos con el objetivo de empujar a los propietarios a poner esas viviendas en alquiler y que baje el precio. Sin embargo, en el Principado será imposible aplicar ese incremento fiscal, ya que el decreto establece que cada comunidad debe de tener bien definido mediante una ley qué es una vivienda vacía y Asturias carece de esa regulación. "La medida del Gobierno será un nuevo canto de sirena", apuntó Antonio Vega, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi).
El decreto del Gobierno central establece que "tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley". A nivel nacional no existe esa definición normativa, y a nivel asturiano tampoco, con lo que el decreto del Gobierno queda sin efecto en esta materia.
No obstante, en el sector inmobiliario asturiano dudan que la penalización fiscal pudiera tener efectos positivos en el mercado del alquiler. Más bien todo lo contrario. Antonio Vega aseguró que "lo lógico sería incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler y no penalizarlos". De hecho, consideró que ese castigo impositivo podría ser incluso "anticonstitucional" y no descartó que se produzcan recursos en los territorios en los que los ayuntamientos sí pueden aplicar esa subida del IBI.
En Asturias, según el último censo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que data de 2011, hay 82.857 viviendas vacías, la mayoría en Oviedo (18.582) y Gijón (16.551).
El Principado no es la única comunidad que no tiene desplegada esa normativa para definir qué circunstancias se deben de dar para que un piso se considere como vacío, pero hay otras que sí que han tomado la delantera. La más avanzada es Cataluña. De hecho, Barcelona ya ha expedientado a varios propietarios de viviendas desocupadas basándose en la ley autonómica. También está definido en Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra o País Vasco. Antonio Vega alertó, además, que podrían llegar a darse situaciones "injustas" como, por ejemplo, que alguien compre un piso para su hijo y este no lo pueda ocupar por un tiempo. Teóricamente, la vivienda estaría vacía y podría ser castigado por la vía impositiva.
