Ence, dueña de la fábrica de celulosa y energía de Navia, reclamará al Estado una indemnización por responsabilidad patrimonial si finalmente la fábrica de Pontevedra tuviese que cerrar en 2033 y no en 2073 por derogación judicial de la ampliación de la concesión administrativa para el uso de sus actuales terrenos en la ría pontevedresa. La empresa, que ayer recibió el apoyo de la patronal CEOE, está persuadida de la solidez de sus argumentos jurídicos.

La compañía dijo ayer a sus accionistas que mantiene sus previsiones de negocio y beneficios pese a este contencioso, así como su ambicioso plan inversor, que destinará hasta 500 millones a su negocio de celulosa y otros 615 millones al de generación energética entre 2019 y 2023. La fábrica de Navia recibirá gran parte de esos recursos (entre 450 y 500 millones) para la ampliación de su capacidad y diversificación de la producción. Ence repartirá un dividendo adicional de 0,054 euros brutos por acción.