El déficit público bajó en 2018 hasta el 2,63 % del PIB, lo que sitúa a España en condiciones de abandonar después de una década el procedimiento de déficit excesivo y el consiguiente control de las cuentas por parte de Bruselas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de "magnífica noticia" que España vaya a salir del llamado brazo correctivo, asociado a un déficit superior al 3 % del PIB, algo que tendrá que ser confirmado por las autoridades europeas.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó el pasado año en 31.727 millones de euros (sin contar las ayudas a la banca), un 2,63 % del PIB, tras reducirse en 4.098 millones con respecto a 2017, cuando era del 3,03 % del PIB. El resultado es inferior al 2,7% que el actual Gobierno comprometió con las autoridades de la UE tras haber revisado el que se había marcado el ejecutivo anterior (2,2%).
La Administración central acumuló un déficit de 18.121 millones, lo que equivale al 1,5 % del PIB. Las comunidades autónomas sumaron un déficit de 2.810 millones, un 0,23 % del PIB, con lo que cumplieron holgadamente su objetivo (0,4 %). Asturias y otras cuatro comunidades (Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco) consiguieron superávit, de 13 millones en el caso del Principado. Las corporaciones locales se anotaron un superávit de 6.292 millones, un 0,52 % del PIB, una cifra casi un 12 % inferior a la de 2017.
Los peores números fueron de nuevo para la Seguridad Social, que terminó 2018 con un desfase de 18.286 millones de euros, equivalentes al 1,52 % del PIB, tras experimentar una pequeña reducción de 225 millones respecto a 2017 gracias al aumento de las cotizaciones sociales.
