Un contribuyente con unos ingresos brutos de 20.000 euros en 2018 (cantidad cercana al salario medio de los asturianos) tributa en el Principado por IRPF 2.373 euros, 69 más que un madrileño en la misma situación y 137 menos que un catalán.
El cálculo está hecho por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf) y corresponde al caso de un individuo menor de 65 años, que sólo declara rendimientos del trabajo y que no tiene hijos. Las diferencias observadas ilustran que, al menos en el nivel de renta comentado, las diferencias de carga fiscal entre las comunidades autónomas no son muy pronunciadas. Se acentúan en el caso de los contribuyentes más acaudalados: quien en Asturias ingresa 400.000 euros al año paga 14.000 euros más que en Madrid.
La participación en la recaudación del IRPF es uno de los mecanismos principales de financiación de las comunidades autónomas, que tienen competencias para modificar una parte de la tarifa del impuesto (parte autonómica), cambiando los tramos y los tipos de gravamen, y también para establecer deducciones propias.
Fruto del ejercicio de esas competencias, Asturias tiene una tarifa que difiere de la estatal. Por abajo, el primer tramo de renta tributa al 19,5%. Por arriba, las rentas superiores a 175.000 euros tributan al 48%, tipo situado en la parte alta del ranking autonómico, sólo por debajo de los que aplican las haciendas forales (49% en el País Vasco a partir de 182.000 euros y 52% en Navarra para las renta superiores a 300.000).
Asturias dispone de deducciones autonómicas por acogimiento de personas mayores (341 euros), por inversión en vivienda protegida (113 euros), por alquiler de vivienda habitual (hasta 455), por gastos en guarderías (hasta 330 euros), por familia numerosa (hasta 1.010 euros) o para las familias monoparentales (303 euros). El conjunto de esas y otras deducciones de menor alcance tiene unos 26.000 beneficiarios.
