El expediente de despido colectivo que está negociando Caixa Bank con los sindicatos, y que supondrá (de llevarse a cabo según la propuesta inicial de la empresa) la supresión de 58 empleos en Asturias (el 22% de su plantilla en la región, formada por 265 trabajadores) y 2.157 en España (el 7,3% de sus más de 30.000 empleados en el conjunto del país), pretende "garantizar la rentabilidad" del banco "en el futuro", dijeron ayer el presidente de la entidad, Jordi Gual, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, quienes se comprometieron a agotar las vías de "diálogo" para intentar llegar a un acuerdo con la representación sindical, para lo que se han dado de plazo hasta el 8 de mayo.

Representantes sindicales, que intervinieron en calidad de accionistas por sí mismos y por la delegación de voto de otros trabajadores, exigieron la retirada del plan de ajuste (que incorpora el cierre de oficinas, movilidad forzosa y cambios en las condiciones de trabajo) y votaron en contra de la reelección del consejero delegado y de las propuestas sobre remuneración de la alta dirección. El langreano Pedro Villafañe Granda, presidente nacional del Sindicato de Empleados de Caixa Bank (SECB) y portavoz de la plataforma Unión Sindical Caixa Bank (que agrupa a SECB, UGT, SIB, FEC, CGT, CIC, ELA y LAB), criticó que "a casi 2.000 millones de beneficio le corresponden más de 2.000 despidos" y censuró la fractura del clima tradicional de entendimiento. En el mismo sentido se expresaron una representante de CC OO y un portavoz de la unión de sindicatos catalanes.

Gual respaldó a Gortázar (sobre el que centraron sus críticas los sindicatos) y aseguró que éste tiene su apoyo y el del consejo de administración, y Gortázar recordó a los sindicatos que en la junta de accionistas sólo representan el 0,05% del capital.

Gual y Gortázar justificaron el expediente de regulación de empleo (ERE) por el exigente entorno en el que se desenvuelve el negocio bancario: transformación digital, cambios en el comportamiento del usuario, tipos de interés "inauditos y cercanos al 0%", estrechamiento de márgenes e "inexistentes incrementos de volúmenes de negocio" porque la economía aún se está "desapalancando" tras "la desaforada expansión del crédito" previo a la crisis. Los 1.985 millones de beneficio en 2018 supone una rentabilidad sobre recursos propios del 9,3%, en línea, indicaron, con lo que "exige la comunidad inversora", por lo que "debemos velar por que la rentabilidad se mantenga en el futuro". Y mantener o mejorar esta rentabilidad exigirá, señalaron, "más eficiencia": "mejorar ingresos y recortar gastos".