El empresario minero leonés Victorino Alonso, que se enfrenta a una petición de 8 años y tres meses de cárcel por la explotación sin licencia durante 15 años en la mina a cielo abierto de carbón de El Feixolín, en Villablino, defendió ayer en el inicio del juicio en la Audiencia Provincial de León la legalidad de la actividad.

Alonso, que fue el principal empresario de la minería privada en León y Asturias y presidente de la patronal Carbunión, está acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ante el juez señaló que "no tiene ni pies ni cabeza" sostener que esa explotación de Villablino era "ilegal" porque "durante los 15 años que se estuvo explotando contó con supervisión de todas las administraciones". Incluso Alonso, ahora está jubilado, precisó que no era el propietario de la mercantil Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y su sucesora Coto Minero Cantábrico (CMC) sino sólo "un trabajador".

En el banquillo de los acusados también se sentaron el entonces jefe de la explotación, José Tascón, que se enfrenta a la misma pena que Alonso, y el exalcalde de Villablino Guillermo Murias (IU), para quien la fiscalía reclama una pena de 15 meses de prisión por prevaricación. Murias trató de recrear "la realidad social y económica" vivida en la comarca de Laciana 19 años atrás y explicó que su Ayuntamiento "no concedió nunca la licencia porque la empresa necesitaba permisos previos de la Junta y Ministerio de Industria".

El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace 17 años por Antonio Arias, propietario de unos terrenos dañados por los trabajos en El Feixolin. La Fiscalía entiende que las sociedades MSP y CMS explotaron en El Feixolín 210 hectáreas "de manera plenamente consciente y deliberada en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental". Sostiene que la explotación se encontraba en pleno Espacio Natural "Alto Sil", en la Red Natura 2000 y en una Reserva de la Biosfera.

En su declaración, Alonso explicó que "si no hubiera tenido todos los permisos no se hubiera podido explotar porque en el consejo de administración de la mina estaban cuatro partidos políticos y una entidad bancaria". Insistió en que la explotación "fue supervisada por todos los organismos habidos y por haber". No obstante, admitió que si no se respondió a la solicitud de licencia la empresa pudo entender que el silencio administrativo permitía el inicio de la actividad. Además apuntó que "sobre el Feixolín ha habido mil pleitos" y que la razón es que el denunciante "juró venganza porque no le quisieron comprar un prado".