Caixa Bank alcanzó en la madrugada de ayer un principio de acuerdo con los sindicatos SECB, UGT, SIB, FEC y CIC (CC OO no se sumó) para recortar 2.023 empleos (134 menos de los previstos) y con renuncia a los despidos forzosos que se habían planteado en la propuesta inicial. El pacto será sometido a votación por los trabajadores. Ayer, el Santander abrió la negociación de un ERE con los sindicatos que podría implicar la supresión de 3.000 empleados, según estimaciones sindicales no confirmadas por la entidad. Este ajuste afectará a la red de oficinas tras la absorción del Popular. El año pasado ya se pactó otro para los servicios centrales de ambas entidades.
El recorte de Caixa Bank entrañará el cierre de unas 800 oficinas (el 14,8% de la red) y el recorte del 7% de la plantilla. Ayer no se precisó el impacto por comunidades autónomas. En un principio estaba previsto cerrar en Asturias 11 de sus 61 sucursales (el 18% de la red) y recortar 58 empleos (22% de los 263 que tiene en la región).
El plan ahora aprobado estipula que las salidas sean voluntarias, para lo que se han pactado diversas fórmulas de indemnización y ayudas económicas según las edades de quienes se adhieran entre fines de mayo y mediados de junio. El coste para el banco será de 890 millones pero generará un ahorro anual de unos 190 millones.
Para compensar los desequilibrios de plantilla que se produzcan, se amplía la movilidad a 75 kilómetros. El 60% de las bajas se producirá en el segundo semestre de este año y el resto, en la segunda mitad de 2020.
La reducción de la red (que no afectará a zonas rurales) obedece a la concentración de agencias urbanas para transitar hacia un modelo de oficinas grandes y con mayor valor añadido. Este modelo (denominado "oficina tienda"), con horario especial, y el de oficinas de negocios se expansionarán con 700 aperturas (ampliables a 750) hasta 2021 en todo el país. El resto de oficinas ampliará su horario al público. El empleo del servicio de banca digital se ampliará hasta 2.000 gestores.
