La plantilla del Principado recuperará en cuestión de días la semana laboral de 35 horas, casi siete años después de que, por orden del Gobierno central de Mariano Rajoy y en el contexto de los recortes del gasto público decididos durante la crisis, la Administración asturiana elevase la jornada de todo su personal hasta las 37 horas y media (hasta las 40 horas en el caso de quienes tienen dedicación especial). El Gobierno regional tomará la decisión la próxima semana, en plena campaña electoral, después de que se confirmara que el Principado cumple todas las condiciones que impone la normativa sobre estabilidad presupuestaria.
La reducción de la jornada hasta dejarla en las 35 horas semanales fue aprobada por la Junta General del Principado. Se estableció entonces que la reducción de dos horas y media se haría en cuanto, a partir de enero de 2019, se verificase que el Principado cumplía los requisitos legales. La ley establece que, para poder negociar la recuperación de las 35 horas, los gobiernos autonómicos tienen que satisfacer los objetivos de déficit y deuda y no superar un determinado crecimiento en el gasto público ("regla de gasto").
Hasta ahora, Asturias cumplía las dos primeras condiciones, pero no la tercera. El Gobierno central acaba de confirmar que esa situación ha cambiado tras la revisión de las cuentas. Siendo así, la propuesta para reducir la jornada será negociada en estos días por el Ejecutivo autonómico con los sindicatos y aprobada en Consejo de Gobierno la próxima semana, confirmaron fuentes de la Consejería de Hacienda.
Con ese calendario, la gran mayoría de los 37.000 trabajadores del Principado podría recuperar la semana laboral de 35 horas incluso antes de que comience junio. Desde 2018 está pactado también reducir las horas lectivas de los profesores de Secundaria de 20 a 18 a partir del próximo curso.
La ampliación de la jornada laboral se aprobó en octubre de 2012, siguiendo el mandato del Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, y dentro de las políticas de austeridad que se desplegaron para reducir el gasto público por la crisis. En estos años, los empleados públicos del Principado han protagonizado movilizaciones para exigir la vuelta a las 35 horas.
Las protestas fueron particularmente intensas en el caso de la sanidad, donde estuvo vigente durante algunos años un módulo de dos horas y media, una tarde a la semana, muy denostado por los profesionales. Finalmente, los actuales responsables sanitarios decidieron aflojar tensiones, y aceptaron cambiar ese módulo vespertino por media hora más en el horario de las mañanas, que por lo general se desarrolla de ocho a tres y media.
La reducción de jornada conllevará ahora un aumento del gasto ya previsto en los Presupuestos Generales. Esas cuentas incrementaron el 4,2% la partida de personal, que se fijó en 1.728 millones. El gasto extra previsto por la reducción de jornada supone 14,6 millones de euros, incluida la reducción de horas lectivas de educación, que será efectiva a partir de septiembre.
En relación a la nueva normativa sobre control de la jornada laboral, la sanidad asturiana asumirá el registro que acaba de entrar en vigor, según afirmó ayer el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, quien remarcó que el decreto no afecta a los trabajadores amparados por el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una amplísima mayoría de los 17.000 trabajadores del Servicio de Salud (Sespa), pero sí a "entre 500 y 1.000" laborales: en su mayoría de los servicios de salud mental, del Hospital de Arriondas, algunos del HUCA y todos los residentes (médicos, enfermeros, farmacéuticos...) que se hallan en fase de formación.
La Consejería de Educación, por su parte, subrayó que el profesorado ya está sujeto a un control horario que se realiza por escrito en los centros.
