Más problemas para asturiano Rodrigo Rato. El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Caja Madrid y Bankia y contra otras once personas por presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos de publicidad de las dos entidades financieras con Publicis y Zenith. Será la primera pieza del llamado "caso Rato" que será enjuiciada. El magistrado instructor, Antonio Serrano Arnal, envía también al banquillo al asturiano José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Comercio, exconsejero de Bankia y estrecho colaborador de Rato.

La causa se refiere a los contratos publicitarios firmados en 2011 y 2012 con las citadas firmas sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa, en los que habría mediado una comisión de 2,01 millones. Con esas, Rato, Norniella y el que fuera asesor de la entidad financiera Alberto Portuondo se enfrentan a peticiones de cuatro años de prisión por haber participado con "varias personas de su máxima confianza" para beneficiarse de los contratos publicitarios, según figura en la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

Será el tercer juicio que encare el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), condenado ya por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel por el uso fraudulento de las "tarjetas black" de Caja Madrid y Bankia, sentencia que está cumpliendo después de que la confirmara el Tribunal Supremo.

En este nuevo juicio también serán procesados la exsecretaria de Rato Teresa Arellano; el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo; el asesor Domingo Plazas; los directivos de agencias publicitarias Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez. El Ministerio Público pide para todos ellos tres años de cárcel.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, Rato aprovechó su llegada a la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a "varias personas de su máxima confianza a fin de permitirle un férreo control de la misma" y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa. El fiscal asegura que el objetivo era sacar "provecho económico personal" de los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad. Para ello, Rato se habría servido de su secretaria, del administrador de sus empresas y de Norniella, con quienes mantenía "lazos personales y profesionales" desde hacía años. A través de ellos, señala la Fiscalía, canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como "astillas", que desde las empresas contratadas por Caja Madrid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad controlada por el propio Rato.

Asimismo, el ministerio público explica que el plan de Rato para cobrar comisiones de la contratación de publicidad comenzó cuando el introducido como asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, contactó a mediados de 2010 con el director de Publicis, Francisco Xavier Olazabal, para que tanto esta agencia de publicidad como la consultora de medios Zenith accedieran "en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar". De esta forma, continua el relato del fiscal, los altos ejecutivos y dirigentes de ambas empresas aceptaron la propuesta de Portuondo, "sabedores de las 'ventajas' que el pago de comisiones iba a generar" para sus respectivas compañías.