08 de agosto de 2019
08.08.2019

Italia revoca en parte la inmunidad de la siderúrgica en Tarento

El Gobierno vincula la exoneración de posibles responsabilidades al plan de inversión ambiental

08.08.2019 | 01:03

El Gobierno italiano aprobó esta semana un decreto por el que revoca de forma parcial la cláusula que se incluía en el contrato que ArcelorMittal firmó cuando adquirió la gigantesca planta de Ilva y que le exoneraba de posibles responsabilidades penales en caso de denuncias por daños personales o ambientales que fueran atribuibles a las deficiencias heredadas en la fábrica. Aquel acuerdo había sido rubricado con el anterior Ejecutivo transalpino. Ahora, la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, que tienen el poder en el país, han decidido derribar parcialmente esa condición. La siderúrgica solo tendrán esa inmunidad en el caso de que respeten al milímetro el plan ambiental y vayan logrando unos determinados hitos cada cierto plazo.

La decisión llega, además, un mes después de que se produjera un grave incidente en uno de los tres hornos altos que tenía activos en Tarento, donde está ubicado este complejo, y que un juez obligó a cerrar para evitar nuevos incidentes. "Solo si la empresa respeta los plazos, criterios y procedimientos para la implementación del plan ambiental puede beneficiarse de las protecciones", recoge el acuerdo que fue aprobado por el Consejo de Ministros italiano. El texto asegura también que no habrá una forma de protección extraordinaria para la empresa, que deberá responder ante cualquier incidente de acuerdo a las reglas y principios del derecho penal del país.

Las relaciones entre el Gobierno italiano y la familia Mittal no pasan por su mejor momento. De hecho, tras aprobar este decreto el ministro de Desarrollo del país, Luigi Di Maio, criticó que Lakshmi Mittal, presidente de la compañía, está "teniendo una actitud ambigua".

En el contrato firmado en su momento figuraba que la inmunidad de Arcelor perduraría hasta que, en agosto de 2023, la compañía pudiera completar las inversiones (1.150 millones de euros) comprometidas para adecuar la planta a las exigencias ambientales y corregir los problemas de vertidos y de seguridad. Ya no será así. No obstante, el decreto no será publicado hasta finales de mes y entraría en vigor a comienzos de septiembre.

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