03 de septiembre de 2019
03.09.2019

La ministra Maroto se presta a que la industria asturiana reciba una atención singular

El Gobierno eleva a 180 millones un fondo para abaratar la luz del sector fabril y ratifica su apoyo al arancel ambiental que demanda la siderurgia

02.09.2019 | 23:44

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, se mostró ayer "receptiva" a una petición compartida por el Gobierno asturiano , las organizaciones empresariales y los sindicatos para que el sector fabril asturiano reciba un trato singular en las políticas de reactivación y de apoyo a las actividades que están amenazadas por la transición energética. Esa receptividad se plasmó en la disposición de Maroto a que su departamento participe en una comisión especial que, con participación de los gobiernos y de los agentes sociales, evaluará los impactos del proceso de descarbonización en Asturias.

En su segunda visita a la región en menos de un mes, la titular de Industria mantuvo durante la mañana una reunión de trabajo con varios miembros del Gobierno regional, encabezados por el presidente Adrián Barbón, y con los responsables de la Federación Asturiana de Empresarios, las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, las patronales del metal (Femetal) y el turismo (Otea) y la Fundación Masaveu. En ese encuentro, la ministra desgranó algunas iniciativas de su Ministerio para apoyar a la industria y adelantó un anuncio que luego confirmaría en público, durante su intervención en la Escuela de Verano de UGT: el reparto de 180 millones de euros este año para abaratar la factura de las fábricas españolas con mayores consumos energéticos, cuya competitividad está comprometida por los altos costes de la electricidad en España.

Se trata del fondo para compensar los llamados costes indirectos de CO2, dinero que llega en Asturias a compañías como Arcelor, Azsa, Alu Ibérica, entre otras. A las puertas de las elecciones generales del 28 de abril y bajo presión por la crisis de Alcoa, el Gobierno central rectificó una negativa precedente y prometió elevar hasta 200 millones el citado fondo, en línea con lo que venía demandando el anterior Ejecutivo regional de Javier Fernández. La cantidad confirmada ahora (91 millones ya asignados más 89 millones extra que se aprobarán en las próximas semanas) queda 20 millones por debajo de aquel compromiso, pero el Ministerio de Reyes Maroto lo ha justificado señalando que con los 180 millones se cubren todas las solicitudes presentadas por las empresas. Fuentes de la industria saludaron el anuncio, pero hicieron notar también que, aunque el Gobierno mejora esa línea de ayudas, ha recortado otras, en alusión al dinero del llamado servicio de interumpibilidad: 200 millones este año, frente a los 316 de 2018 y los más de 500 de 2019. El Ejecutivo ha argumentado que tal recorte obedece a restricciones regulatorias que dicta Bruselas.

"Estamos en funciones, pero funcionando", dijo la ministra Maroto durante su intervención en la sede ovetense de UGT cuando se refirió al aumento del fondo para el CO2 de la industria. Lo presentó como una decisión de urgencia ante la imposibilidad legal de aprobar ya el llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo (nuevo marco legal para aligerar los costes energéticos), debido a la interinidad del Gobierno. A preguntas de Vicente Montes, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, que intervino como presentador de la ponencia de Reyes Maroto en el acto de UGT, la Ministra afirmó que, si se desbloquea la investidura de Pedro Sánchez, el proyecto del citado estatuto sería aprobado en el primer Consejo de Ministros. Y dio a entender que, en línea con lo que pide el sector, las empresas intensivas en consumo eléctrico podrían ser exoneradas de pagar los cargos de la factura que corresponden a las energías renovables.

Al intervenir en el salón ugetista, Reyes Maroto subrayó el carácter "estratégico" de la industria electrointensiva y remarcó que el Gobierno ha hecho ya gestiones ante las autoridades europeas para promover la creación de un "arancel ambiental" (ajuste fiscal en frontera), pensado para amortiguar el riesgo de cierres y deslocalizaciones de las actividades fabriles (la siderurgia, entre ellas) que, sobre todo desde 2021, quedarán obligadas a pagar por sus emisiones de CO2. Sin el citado arancel, la industria europea quedaría en desventaja frente a los competidores extracomunitarios.

Pese a los desafíos y amenazas que el sector tiene por delante, Maroto ve factible apostar por el crecimiento de la industria y sugirió al Gobierno asturiano que se marque la meta de elevar la aportación fabril al PIB, ahora del 21,5%, hasta el 25%.

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